La Procuraduría General de la Nación ha citado a Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, exsubdirector de Manejo de Desastres de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), para que rinda versión libre este jueves 2 de mayo.
Pinilla, ingeniero civil de profesión y con una carrera marcada por cargos políticos anteriores, está en el centro de una investigación disciplinaria que busca esclarecer las irregularidades en el contrato de 47 mil millones de pesos destinado a la adquisición de cuarenta carrotanques para transporte de agua potable a La Guajira, un proyecto que ha resultado en un fracaso ya que los vehículos están ahora inutilizados.
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Según reveló Pinilla en una entrevista concedida a El reporte Coronell, de W Radio. “Hay muchas personas involucradas en el proceso y me están haciendo ver como el malo. Yo soy solo una arista de este engranaje”, afirmó Pinilla, implicando en el escándalo a un conjunto diverso de figuras políticas que incluyen a un ministro, dos senadores y tres directivos de la entidad mencionada.
(RICARDO MALDONADO ROZO/)
La procuradora Margarita Cabello reveló que el ministerio público ha vinculado a otros dos funcionarios de la Ungrd a la investigación, subrayando la seriedad del caso. Este asunto surgió a raíz de la controversia generada por la compra de cuarenta carrotanques para abastecer de agua a las comunidades de la Alta Guajira, una zona críticamente afectada por la escasez de este recurso vital.
“La Procuraduría está realizando un estudio pericial para dar un dictamen pericial para determinar con prueba idónea, el valor establecido en la compra de los carrotanques y analizar los posibles perjuicios financieros”, explicó Cabello, resaltando el avance en la recopilación de información tanto de la etapa precontractual como de la contractual.
La Procuraduría General de la Nación ha programado una declaración para el próximo 2 de mayo, donde Pinilla espera convertirse en un testigo clave dentro del caso. Esta no es la primera vez que se intenta llevar a cabo esta diligencia; anteriormente, la defensa de Pinilla solicitó aplazamientos en tres ocasiones, alegando necesidad de más tiempo para prepararse y estudiar el expediente procesal, el cual contiene abundante material probatorio. Los aplazamientos desde la fecha original del 6 de marzo señalan la complejidad y las sensibilidades del caso en curso.
Pinilla ha manifestado su disposición a cooperar plenamente con las autoridades, asegurando que puede proveer documentación y nombres de los implicados en las irregularidades del contrato, incluyendo dirigentes políticos, funcionarios del Gobierno, y directivos de la UNGRD. La investigación también sacó a la luz otro contrato cuestionable, por un valor de 23.000 millones de pesos, destinado a suministrar ollas comunitarias, beneficiando supuestamente a un funcionario de la UNGRD con intereses políticos.
A medida que avanzan las investigaciones, la procuradora Cabello ha enfatizado el compromiso de la Procuraduría con el escrutinio meticuloso de las pruebas para establecer la veracidad de las acusaciones y asegurar una gestión transparente de los recursos. La expectativa es que los resultados de estos estudios periciales arrojen luz sobre las dinámicas de compra y ayuden a fortalecer los mecanismos de control para evitar situaciones similares en el futuro.
La polémica de los carrotanques
El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Olmedo López, se encuentra bajo investigación por posibles irregularidades en la compra de 40 carrotanques destinados a la distribución de agua potable en La Guajira. Las denuncias señalan la existencia de sobrecostos significativos en la adquisición de estos vehículos, los cuales, paradójicamente, aún no han sido puestos en operación para aliviar la crítica escasez de agua en la región.
Según reportes, los carrotanques permanecen inactivos debido a la falta de conductores y a la indefinición sobre las fuentes de agua y combustible necesarios para su funcionamiento, aumentando el malestar y las preocupaciones entre los habitantes de La Guajira y poniendo en duda la gestión de los recursos destinados a mitigar esta emergencia humanitaria. Este caso ha desatado un escándalo que salpica a altos cargos de la UNGRD y a las empresas involucradas en el proceso de cotización y compra de los vehículos, evidenciando falencias en el sistema de contratación y gestión de proyectos de vital importancia para las comunidades afectadas.
