La posibilidad de que Bogotá se transforme en un puerto libre para todos los licores nacionales volvió a ser una iniciativa del Concejo capitalino, impulsada por funcionarios que están en contra del monopolio que tienen instituciones como las gobernaciones para la comercialización y distribución de licores y destilados.
Una de las medidas que se está gestando permitiría que bebidas populares como el Aguardiente Amarillo vuelvan a venderse libremente en la ciudad, sin depender de la autorización de la Gobernación de Cundinamarca, que suspendió su venta en el departamento desde julio del 2023.
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De acuerdo con el concejal del Nuevo Liberalismo, Juan David Quintero, Bogotá es el distrito capital de todos los colombianos, por lo tanto, debería ser un puerto libre. En ese sentido, confirmó que ya se adelantan estrategias para que se pueda desplegar el libre comercio de este tipo de bebidas sin la interferencia de entidades gubernamentales, como lo comunicó el diario El Tiempo, que dialogó con Quintero.
En la entrevista, el cabildante destacó que esta dependencia de permisos “entorpece” la libre competencia en el mercado de licores, y que afecta al Aguardiente Amarillo, en especial.
De hecho, desde mayo, Quintero había publicado en sus redes sociales la intención de proponer una iniciativa. Aunque no ha sido revelada en su totalidad, el concejal afirmó que en un futuro cercano dará a conocer los pormenores. “¡Bogotá libre y soberana! ¡Dónde se toma el aguardiente que se quiera y no dónde monopolios absurdos reinan! Pronto les cuento cómo lo lograremos!”, escribió en su perfil de X (anteriormente Twitter).
Por qué la Gobernación de Cundinamarca puede suspender un licor
Actualmente, el Estatuto de Rentas de Cundinamarca (Ordenanza No. 039 de 2020) estipula que las autoridades departamentales tienen el control sobre “la producción e introducción de licores destilados nacionales y extranjeros en la jurisdicción del departamento, incluido el Distrito Capital”. Esta normativa también establece el monopolio de distribución y comercialización de los productos producidos directamente por la Empresa de Licores de Cundinamarca (ELC), como informó el medio.
Es por eso que las licoreras que producen destilados en el país están favorecidas por las autoridades departamentales y las bebidas, por lo general, llevan el nombre del departamento, respectivamente.
Desde junio de 2023, el Aguardiente Amarillo de la Industria Licorera de Caldas (ILC) no ha podido comercializarse en Bogotá debido a la revocación del permiso por parte de las autoridades de Cundinamarca. Según el abogado experto en contratación estatal, Juan José Gómez Urueña, citado por el diario, “para entrar aguardiente aquí de otro lado, tiene que pasar por esta empresa, la cual le pone el sello a la tapa para que se pueda comercializar”.
El monopolio rentístico de los licores
Los argumentos para que la circunstancia sea así pueden ser varios. De hecho, la representante a la Cámara, María Fernanda Carrascal, debatió con el concejal y le explicó en redes sociales que el monopolio de las licoreras destina sus recursos a los departamentos.
“¿También vas a lograr que Néctar se venda en Antioquia o cómo es la cosa?; ¿por qué no le explicas a la gente que los recursos de las licoreras departamentales van a educación y deportes de sus territorios? Esto sí que es populista y vacío. Quiero ver cómo vas a lograr algo en esta materia desde el Concejo de Bogotá”, cuestionó la funcionaria.
En 2019, la Empresa Licorera de Cundinamarca, ELC, reportó una utilidad neta de 62.781 millones de pesos por las ventas del Ron Santa Fe y el Aguardiente Néctar, de los cuales 6.592 millones fueron a Bogotá. No obstante, la capital recibe solo el 10,5% de las ganancias, distribuidas en un 88% para la salud y un 12% para el deporte, según la normativa vigente, como informó el medio.
Además, Bogotá no tiene participación en la Junta Directiva de la ELC, lo que preocupa a algunos sectores por la falta de autonomía territorial. “El monopolio rentístico viola la autonomía territorial. No puede pasar que la ELC, porque no le está yendo bien, prohíba otros productos, como es el caso del Aguardiente Amarillo”, sostuvo Quintero en la entrevista.
El artículo 336 de la Constitución de Colombia y la Ley 1816 de 2016 regulan ese monopolio rentístico de licores destilados, lo que significa que cualquier cambio en esta normativa debe ser aprobado por el Congreso de la República.
Las leyes sobre la constitucionalidad del monopolio rentístico han sido revisadas por la Corte Constitucional en varias ocasiones, y por tal motivo, la regulación del legislador no afecta la libre competencia. Por esta razón, cualquier demanda contra esta figura estaría destinada al fracaso, según expertos.
