San Juan, 25 sep (EFE).- El Departamento de Justicia de Puerto Rico (DJ) anunció este miércoles que logró un acuerdo con la empresa Navient Solutions para cancelar 7,7 millones de dólares en deudas de préstamos estudiantiles a miles de universitarios en la isla.
El acuerdo de transacción, que en algunos casos restituirá el dinero a los afectados, fue presentado por el DJ a través de su Secretaría de la Oficina de Asuntos Monopolísticos el pasado 18 de septiembre en el Tribunal Federal de San Juan, detalló la agencia en un comunicado de prensa.
Según se explicó, en agosto del año pasado, el DJ demandó a Navient, anteriormente conocida como Sallie Mae, por fraude y prácticas engañosas al promover préstamos de alto riesgo en perjuicio de estudiantes que asumieron deudas para poder completar estudios universitarios.
El secretario del DJ, Domingo Emanuelli Hernández, destacó en la nota que “de esta forma, cumplimos con nuestro objetivo de procurar que Navient reparará los daños provocados con su conducta abusiva y engañosa”.
De acuerdo con el funcionario, Navient se aprovechó “de la situación económica precaria de miles de estudiantes con grandes metas y sueños por cumplir”.
“Sin embargo, con la autoridad que tenemos como Departamento de Justicia de Puerto Rico, a través de la Oficina de Asuntos Monopolísticos, defendimos sus derechos y logramos que se les haga justicia”, destacó.
La demanda detalló que la entidad administradora de préstamos federales y privados incurrió en prácticas injustas y abusivas en virtud de leyes federales.
Entre las prácticas irregulares de Navient, mencionadas en la demanda, figura la originación (proceso de solicitud de préstamo hasta su aprobación) de préstamos de alto riesgo, a sabiendas de que los estudiantes no tenían la capacidad de pago, para luego incurrir en gestiones de cobro agresivas, “arruinando de paso la vida de los estudiantes en el proceso”.
Otra de las alegaciones es que la empresa inducía a los estudiantes -que tenían dificultades para abonar a los préstamos- a realizar acuerdos de pago diferidos, en lugar de hacerles planes de pago a base de sus ingresos.
Bajo los acuerdos de pago diferidos se aplazaban los pagos por un tiempo, pero durante ese lapso seguían acumulándose los intereses y los estudiantes terminaban pagando mensualidades significativamente más altas que las originalmente pactadas.
De igual forma, Justicia alegó que Navient deliberadamente fallaba en informar a los deudores las fechas en que debían renovar o recertificar sus planes de pago, con lo cual los exponía a consecuencias irreversibles, tales como incrementos sustanciales en las mensualidades y la pérdida de subsidios federales para el pago de intereses, entre otros.
Como consecuencia de esta mala práctica, el 60 % de los estudiantes deudores no cumplieron a tiempo con las recertificaciones.
Navient, que administró préstamos federales hasta el año 2021, tuvo procesos sumamente ambiguos que resultaban en errores en la aplicación de los pagos, particularmente cuando un estudiante tenía varios préstamos, lo que resultaban en recargos indebidos, aumentos en los intereses e informes de crédito negativos.
A pesar de las denuncias de los prestatarios, Navient no implementó procesos adecuados para evitar que los errores se repitieran. EFE
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