El 20 de octubre de 2023, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció su intención de declarar como zona natural protegida la región donde opera la empresa Calica, que se dedica a la extracción de piedra caliza desde hace más de 36 años para su exportación a Estados Unidos.
En su momento, López Obrador expresó su compromiso de resolver esta situación antes de finalizar su mandato, proponiendo que la zona se declare protegida y que se pague a la empresa la indemnización correspondiente según la ley.
Ahora, el mandatario firmó un decreto creando una nueva Área Natural Protegida (ANP) llamada Felipe Carrillo Puerto, que abarca más de 53,000 hectáreas, incluyendo la mina de Calica.
Cuál es la extensión de Calica
Este decreto se fundamenta en el artículo cuarto de la Constitución, que garantiza el derecho a un ambiente sano. De las 53,227 hectáreas de la ANP, solo un 4.4% corresponde a las 2,387 hectáreas de propiedad de Vulcan. Con esta declaración, se prohíben todas las actividades extractivas, lo que significa que la empresa ya no podrá seguir extrayendo material para su exportación.
Como dato, el término Calica proviene del acrónimo de Calizas Industriales del Carmen, que es el nombre de una empresa dedicada a la explotación de materiales pétreos y que se fundó en 1986.
Los antecedentes por la lucha del área de Calica
En julio de este año, se había informado que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) había realizado un avalúo de los terrenos pertenecientes a Vulcan Materials Company, la empresa propietaria de Calica, ubicada en Quintana Roo. El Gobierno de México había ofrecido una indemnización de 6,500 millones de pesos.
Bajo la encomienda de recuperar la zona antes de dejar la presidencia, el mandatario refirió en su momento: “Yo no me voy a ir sin resolver esto y la mejor forma de resolverlo es que se declare zona natural protegida todo y que se les pague de conformidad con la ley la indemnización correspondiente”,.
El gobierno de López Obrador ha estado en desacuerdo con Vulcan, acusando a la empresa de causar “ecocidio” por su extracción de materiales. Tras la clausura de la mina, el gobierno ha ofrecido comprar los terrenos, pero Vulcan rechazó la oferta y ha iniciado un litigio internacional por daños.
A mitades de año, López Obrador mencionó que los dueños de la empresa parecían estar decididos a continuar la extracción y han buscado apoyo de legisladores estadounidenses para presionar al gobierno mexicano, alegando una “expropiación ilegal”.
Como respuesta, pocas horas antes de que se publicara en el Diario Oficial de la Federación, senadores de ambos partidos en Estados Unidos, tanto republicanos como demócratas, introdujeron un proyecto de ley que busca establecer sanciones en caso de que el presidente cumpla con su amenaza de declarar las tierras de Vulcan como reserva natural.
