(Gustavo Valiente – Europa Press/)
La Audiencia Nacional comunicó este martes que ha condenado a siete años de cárcel a Alfredo Prada Presa, quien fuera vicepresidente en el Gobierno de Esperanza Aguirre y consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid entre noviembre de 2003 y junio de 2008. La lideresa madrileña le encargó en 2004 que pilotara uno de los proyectos faraónicos que tenía en mente: agrupar todas las sedes judiciales repartidas por la capital en un gran Campus ubicado en el barrio de Valdebebas. El proyecto, que iba a constar 516 millones de euros, fue un fracaso. La idea se acabó desechando en 2014 después de que las arcas públicas se gastaran más de 110 millones de euros y solo se construyera uno de los 20 edificios que estaban previstos.
La Audiencia condena a Prada por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con delito continuado de malversación agravada por 24 contratos firmados entre 2005 y 2011 que sumaron 40 millones de euros. Y es que no se ha podido demostrar todo lo que en su día denunció la oposición, PSOE Podemos y Ciudadanos, que primero forzaron la apertura de una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid y después llevaron las conclusiones a la Fiscalía Anticorrupción. En este proceso jugó un papel destacado la exdiputada socialista Mercedes Gallizo, que como una hormiguita fue desgranando toda la documentación que llegaba a sus manos. “Hizo todo un trabajo de buena detective”, rememoran sus compañeros de partido.
Prada se convierte así en otra de las ‘ranas’ de Esperanza Aguirre. “Debo haber nombrado a unos 500 cargos en mis 33 años de vida política. Me han salido rana solo dos”, señaló la expresidenta madrileña (hoy reconvertida en tertuliana de televisión) en febrero de 2016 cuando los casos Púnica y Gürtel destrozaban por dentro al PP de Madrid. Luego llegaría el caso Lezo y la judicialización del caso Campus de la Justicia. Y es que la corrupción se llevó por delante las carreras de Francisco Granados (ex secretario general del PP de Madrid), Ignacio González (exvicepresidente de la Comunidad y llamado a ser el delfín de Aguirre) y el propio Prada, otro de los hombres fuertes de sus Ejecutivos. Además de un montón de altos cargos y alcaldes populares.
(Alejandro Martínez Vélez – Europ/)
Prada comenzó su carrera el León. Fue senador por esa provincia durante tres legislaturas, entre junio de 1993 y noviembre de 2003. En la Cámara Alta fue vicepresidente primero, portavoz del grupo popular en la Comisión de Justicia y secretario general del grupo. Allí conoció a Esperanza Aguirre, que cuando consiguió hacerse con la presidencia de la Comunidad de Madrid (tras el ‘tamayazo’ y la repetición de elecciones) se lo llevó al Ejecutivo regional para que llevara la cartera de Justicia, lo que a lo largo ha supuesto su tumba política y su reciente condena judicial.
Contrató a Casado y Ayuso
Da la casualidad que en la Consejería de Justicia, Alfredo Prada dio su primera oportunidad laboral a dos jóvenes amigos. Pablo Casado se convirtió en asesor de Alfredo Prada cuando el primer no había acabado su carrera de derecho. La joven figura prometedora del partido había entrevistado a Prada para la revista de NNGG y se cayeron bien, así que el político de León decidió que el joven de Palencia le asesora en el Ejecutivo. Después, Casado pensó que su amiga Isabel Díaz Ayuso también podría encajar en el equipo de la consejería. “Yo siempre digo que fiché a Casado, porque ya lo conocía, y que contraté a Ayuso, porque me la recomendó Casado”, ha explicado Prada. Ayuso trabajó con Prada entre febrero de 2006 y julio de 2007. Tenía 28 años y era su primer cargo público, como personal de confianza.
La trayectoria de Prada en la Comunidad de Madrid se empezó a torcer cuando en 2008 apoyó claramente a Mariano Rajoy, presidente del partido, en la batalla interna que se libraba de puertas para adentro en el partido por el control del mismo. Aguirre había declarado que “que daría batalla para que el PP se presente como una opción abierta y liberal” tras la derrota del PP en las generales de ese año. Rajoy le contestó que “si alguien se quiere ir al partido liberal o al conservador, que se vaya”. Al final, en el congreso celebrado en Valencia, donde los populares dirimían su futuro, Aguirre que se sabía perdedora, dio marcha atrás en sus aspiraciones, pero se cobró sus víctimas. Entre ellas, la de Prada, que salió del Gobierno madrileño a finales de 2008.
Esos años fueron turbulentos. El diario ‘El País’ desveló én enero de 2009 que en el Gobierno regional dirigido por mano de hierro por Aguirre se había formado una especie de ‘gestapillo’ para espiar a rivales políticos de la lideresa, como Manolo Cobo (mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón) y el propio Alfredo Prada. Obviamente, Aguirre nunca supo nada de esto, como tampoco se enteró de la Gürtel, de la Púnica o del caso Lezo. Aunque en una reunión con el comisario Villarejo (que ya se sabe grababa todos sus encuentros), Aguirre calificó de “choricete” a su ex consejero Prada y de cobrar “sobresueldos” en el PP. Génova rescató a Prada, le hizo diputado nacional a finales de 2011 y durante un breve tiempo le nombró responsable de la acción del PP en el Exterior, destinada a buscar el voto de españoles en el extranjero. Estuvo en el Congreso hasta enero de 2016
Su suerte, buena y mala, cambió cuando Pablo Casado se hizo con la presidencia del PP nacional en 2018. Entonces su antiguo pupilo le nombró responsable de la ‘Oficina del Cargo Popular’, un órgano de control interno para luchar contra la corrupción, cargo que tuvo que abandonar en marzo de 2019 cuando fue imputado por el caso del ‘Campus de la Justicia’. Entonces volvió al sector privado y trabajó como abogado al otro lado del Atlántico. Ahora, en 2024, ha llegado su puntilla judicial. La sentencia considera probado que Prada tuvo una “participación decisiva” en 24 contratos que en nada beneficiaron al objeto para el que supuestamente se firmaron. Los jueces aprecian múltiples irregularidades, entre otras una “absoluta falta de relación entre la actividad contratada y la ejecución del proyecto”; un “excesivo coste” en los contratos, todos ellos “inútiles” de cara al objeto social de la empresa pública que se constituyó o “inadecuados” para la fase de desarrollo del proyecto para el que se suscribieron. Para los magistrados, de hecho, el gasto excesivo empleado en toda la contratación que dirigía personalmente Alfredo Prada fue una de las causas del fracaso del proyecto. A lo largo de la sentencia, de 214 páginas, se detalla la adquisición de servicios y productos que no sirvieron al interés público y generaron un evidente perjuicio.
