La forma en que se venía manejando la educación en la Policía Nacional experimentará un revolcón, después de que el presidente de la República, Gustavo Petro, sancionara la ley 2408 de 2024 que ordena facilitar el ingreso, la permanencia y el cambio de categoría para quienes deseen convertirse en oficiales de la institución.
La nueva ley, que tuvo como autores principales a los senadores Inti Asprilla y María José Pizarro, eliminará las barreras económicas para los aspirantes a oficiales, ofreciendo, entre otros beneficios, becas y gratuidad en los estudios.
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Según la nueva normativa, que tuvo su sanción presidencial el jueves 22 de agosto, la institución policial y demás entidades involucradas en el proceso formativo de los aspirantes a oficial deberán otorgar becas que cubren la totalidad o parte de los costos asociados a la formación. Esto incluye matrícula, dotación, manutención, útiles, libros y transporte.
Otro aspecto fundamental de la ley es la apertura de concursos de méritos internos, exclusivos para miembros del nivel ejecutivo, suboficiales y patrulleros de la Policía Nacional. La selección en estos concursos se hará sin influencias jerárquicas, garantizando principios de igualdad, equidad de género y equidad territorial.
“Lo que busca la ley es que la carrera de oficial no esté determinada en función de la capacidad económica. Entonces, para quienes ya estén en el nivel ejecutivo, se establece unos criterios objetivos que es, primero, 20% de las nuevas promociones de oficiales tendrán que venir del nivel ejecutivo que hayan logrado sacar un título técnico o universitario, que lleve cuatro años de servicio y que tengan buena conducta”, señaló el senador Inti Asprilla en diálogo con Infobae Colombia.
Una de las razones clave detrás de esta legislación es el alto costo de la formación para oficial de la Policía Nacional, que en 2023 llegó a los $71.525.741. Las cargas económicas han sido identificadas como un desincentivo para muchos aspirantes, especialmente aquellos con menores ingresos. Así, la nueva normativa pretende que los costos no sean un obstáculo para ingresar y progresar en la fuerza pública.
Además, la ley contempla gratuidad para el ingreso a la carrera de oficial y para el cambio de categoría dentro de la Policía Nacional, dirigido especialmente a las personas de estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, pertenecientes a poblaciones étnicas o que han sido víctimas del conflicto armado. Esto asegura que aquellos con menos recursos económicos no sean excluidos de la posibilidad de ascender dentro de la institución.
“El Gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Defensa, en coordinación con el Ministerio de Educación y el Icetex, tendrá un año contado a partir de la expedición de la presente ley para reglamentar lo expuesto”, señala el documento oficial.
Este enfoque inclusivo busca complementar lo estipulado por el Plan Nacional de Desarrollo, que ya reglamentaba la gratuidad para aquellos interesados en ser patrulleros tras prestar servicio militar. Al extender estos beneficios a la formación de oficiales, se abren oportunidades importantes para los sectores más vulnerables de la población.
“Se adiciona una parte muy importante, que es unas becas que cubras los costos de manutención, los uniformes, etcétera, que van a tener que ser reglamentados por el Gobierno nacional un año después”, comentó Inti Asprilla a este medio.
Para diciembre de 2023, la Policía Nacional contaba con 77.622 patrulleros, de los cuales 39.392 pertenecen al estrato 2 y 19.498 al estrato 1. Con esta ley, se busca beneficiar a una gran parte de estos miembros, promoviendo que los ascensos se determinen por capacidades y méritos y no por el nivel económico, lo que podría conducir a una mejora en la calidad profesional de los uniformados en el futuro.
