Justicia que avanza pero lenta. La noche del 9 de agosto, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional decidió imponer 18 meses de prisión preventiva a Segundo Villalobos Guevara, acusado de ser el autor intelectual del asesinato del apu Quinto Inuma.
La Fiscalía sostuvo que Villalobos Guevara habría pagado S/1000 soles para que el asesinato del líder kichwa de la comunidad nativa Santa Rosillo de Yanayacu, en la región de San Martín, se llevara a cabo. En el mismo caso están en prisión preventiva los presuntos ejecutores, Limber Ríos Ruiz y los hermanos Genix y Jerrly Saboya Saboya. Sin embargo, Belustiano Saboya Pisco, otro implicado, sigue prófugo.
Como se recuerda, Inuma, reconocido defendor ambiental y de derechos humanos a nivel internacional, dedicó su vida a la lucha incansable por la justicia y la protección de su territorio contra la tala ilegal. Sin embargo, aunque contaba con medidas de protección del Ministerio de Justicia para defensores, estas no pudieron evitar su trágica muerte en noviembre de 2023.
Ahora, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que representa a 2.439 comunidades de la Amazonía peruana, el pueblo indígena Kichwa y la Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de la Región San Martín (Codepisam) exigen al Estado un proceso judicial rápido y sin demoras, para que se haga justicia de manera efectiva y se evite que estos actos de violencia queden impunes.
Acusado presentó pruebas débiles en audiencia
Antes de darse a conocer la decisión del Poder Judicial, Infobae Perú entrevistó al abogado Juan José Quispe, encargado del caso, para conocer los detalles previos a la primera audiencia que buscó la prisión preventiva de Segundo Villalobos Guevara. Esta se llevó a cabo el 7 de agosto en el Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria Penal Nacional.
Según Quispe, la defensa de Villalobos dijo que su cliente no era un peligro de fuga ni de obstrucción, mostrando pruebas de arraigo laboral y familiar. Sin embargo, estas no fueron suficientes, ya que se demostró que el principal sospechoso no tenía un domicilio fijo ni un Registro Único de Contribuyentes (RUC), lo que hizo que su arraigo pareciera débil.
La defensa también negó cualquier vínculo de Villalobos con Inuma y los otros implicados, y rechazó las acusaciones de amenazas y participación en la muerte del defensor indígena. Pero un hermano de Villalobos dijo que sí estaba involucrado en discusiones sobre la muerte del líder, lo que contradijo la versión de la defensa.
“Las pruebas que ha presentado el señor Villalobos para acreditar su arraigo laboral, familiar y domiciliario debemos entender que han sido demasiado débiles. Uno de los hermanos Saboya declaró de manera muy clara y precisa en la pregunta nueve de su declaración que ellos fueron a hablar con este señor. Esta persona, Saboya, dijo que le habían ofrecido mil soles; o sea, textualmente, eso ya está. Ahora lo han puesto por sicariato y la pena llegaría a cadena perpetua”, detalló Quispe a este medio.
Familiares de Inuma aún no están tranquilos
Por otro lado, el abogado subraya que los familiares de Inuma y su comunidad siguen profundamente preocupados por la falta de protección efectiva y continua por parte de las autoridades.
Esto debido a que, a pesar que el Ministerio de Justicia aceptó las medidas de protección solicitadas, estas no se han implementado adecuadamente. Además, la comunidad se siente angustiada por la escasa visibilidad del proceso judicial, teniendo en cuenta su relevancia internacional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y el temor a la impunidad.
“Las medidas de protección que se les otorgaron no están viabilizadas; al menos, ellos no tienen una protección permanente por parte de la policía. Se les está dando protección policial solo por Internet o por teléfono, cuando ese no es el propósito de una garantía que se ha solicitado y aceptado. La familia está muy ansiosa”, detalló Quispe a Infobae Perú.
Finalmente, el abogado de la familia Inuma señala que el proceso legal no ha sido transparente, ya que las audiencias no se transmitieron por el canal Justicia TV y se llevaron a cabo en horarios poco comunes, destaca Quispe. Además, critica que el juez haya limitado la participación de las partes involucradas, lo que considera una violación de la transparencia y de los derechos de la defensa.
“La audiencia no se transmitió por Justicia TV; hay una falta de transparencia, es decir, pública. No hemos dejado de protestar por estas dos cosas: la falta de publicidad y la postura del magistrado de no permitir que la defensa pueda participar o expresar sus argumentos. No permitió que tanto el actor civil como la parte agraviada en este caso, que defendemos a los familiares y a la otra parte afectada, la vocal de la Junta Directiva de la comunidad, pudieran intervenir”, concluyó Quispe.
