Ginebra, 3 jul (EFE).- Al menos 1.409 personas cumplen penas de prisión por motivos políticos en Bielorrusia y en muchos casos han denunciado maltratos en cautividad, alertó este miércoles la relatora de la ONU para ese país, Anaïs Marin, quien aseguró que “cada uno de los derechos humanos sigue deteriorándose”.
“La tendencia general es al endurecimiento de las presiones contra cualquier oposición real o percibida al gobierno, persiguiendo a todo aquel que se atreva a disentir”, resumió la politóloga francesa, quien dejará próximamente el cargo, en su última comparecencia como relatora para Bielorrusia ante el Consejo de Derechos Humanos.
En el informe presentado ante la instancia de Naciones Unidas, Marin llamó la atención sobre los cambios legislativos introducidos por las autoridades para intentar ligar a posteriori la persecución de la disidencia y la represión de las protestas de 2020 y 2021.
El país celebró este año nuevas elecciones como las que desataron la ola de manifestaciones entonces, y en 2025 está previsto que haya comicios presidenciales, aunque según la relatora “no hay indicios de que se celebren en un contexto diferente a todos los anteriores”, envueltos siempre en dudas sobre la legitimidad de los resultados.
Entretanto, señaló Marin, los disidentes encarcelados sufren restricciones a la hora de comunicarse con sus familias y abogados, castigos tales como confinamientos en solitario, y es frecuente que cumplidas sus penas reciban penas de prisión adicionales por presunta “desobediencia” a las administraciones penitenciarias.
También es habitual que se les niegue la atención médica, “algo particularmente preocupante y que podía haber causado varias muertes de detenidos en prisión”, denunció ante el Consejo.
A la vista de estas condiciones de prisioneros políticos y detenidos, la relatora pidió a los países donde se refugian opositores bielorrusos “que consideren con gran cautela las peticiones de cooperación con la policía, la judicatura o la administración fiscal de Bielorrusia”.
Recordando que el régimen de Alexander Lukashenko ha llegado a intentar que Interpol colaborara en la captura de disidentes en el extranjero, Marin advirtió que una hipotética cooperación con las autoridades bielorrusas “puede hacer que un gobierno sea cómplice de graves violaciones en materia de derechos humanos”.
La experta de Naciones Unidas también denunció la “purga” emprendida por Bielorrusia contra cualquier instancia considerada desleal al régimen, incluyendo no sólo ONG de derechos humanos sino comunidades de Telegram, asociaciones culturales y de abogados, o sindicatos.
Nuevas legislaciones sobre partidos políticos en 2023 condujeron a la desaparición de 11 de las 15 formaciones hasta entonces existentes, por lo que sólo cuatro pudieron concurrir a las legislativas de febrero, denunció.
“En conjunto, unas 1.500 asociaciones han desaparecido en años recientes, casi la mitad de las que existían antes de 2020”, lamentó Marin, quien subrayó que muchos de estos actores de las sociedad civil fueron tachados de “formaciones extremistas”, procesando a sus dirigentes o forzándoles al exilio. EFE
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