La ministra de Defensa, Margarita Robles, acudirá este lunes al Congreso para abordar la infección con el ‘software’ israelí Pegasus que ella, el presidente, Pedro Sánchez, y otros miembros del Ejecutivo sufrieron en sus terminales móviles, mientras ERC reclama en la Cámara Baja más control judicial sobre el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
La Audiencia Nacional acordó la reapertura de la causa sobre el espionaje con Pegasus a finales de abril, tras recabar nueva información de las autoridades francesas. La causa sobre la infección con el programa, que también afectó a los ministros del Interior y Agricultura, Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas, se archivó de forma provisional en julio de 2023 por la “absoluta” falta de cooperación jurídica de Israel, que no contestó a la comisión rogatoria enviada por la Audiencia Nacional.
Ahora, el magistrado José Luis Calama ha recibido una Orden Europea de Investigación (OEI) emitida por las autoridades judiciales de Francia que incorpora una investigación llevada a cabo en el país vecino en 2021 por múltiples infecciones de teléfonos de periodistas, abogados, personalidades públicas y asociaciones gubernamentales y no gubernamentales, así como miembros del Gobierno francés, ministros y diputados con ese mismo ‘software’.
En este contexto, la ministra ha sido citada en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional a petición del PP, que quiere que informe sobre cómo afecta a la Seguridad Nacional la infección con Pegasus. Asimismo, está previsto que Robles informe sobre los ejes de la política de su ministerio.
EL CNI EN LA COMISIÓN DE DEFENSA
Por otra parte, ERC llevará a votación en la sesión de la Comisión de Defensa del martes una iniciativa en la que pide impulsar el control político y judicial del CNI. Precisamente el presidente de Cataluña en funciones, Pere Aragonès, y otros 17 líderes independentistas sufrieron espionaje con Pegasus, y el caso actualmente está en manos de la Justicia.
La formación independentista catalana ha criticado repetidamente el modo de proceder del Gobierno respecto al caso, reprochando al Ejecutivo que “no ha cumplido las expectativas” sobre la desclasificación de los documentos relativos al mismo.
De su lado, la ministra Robles ha defendido que el Gobierno ha levantado las reservas “esenciales” y que, en lo referente al uso de Pegasus, “todo lo que se hizo fue con autorización judicial”. La exdirectora del CNI Paz Esteban está imputada por el caso.
INFORMAR CADA TRES MESES Y NO CADA MEDIO AÑO
En el texto, ERC reclama modificar la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del CNI para “blindar” un control periódico ante la Comisión de Control de los Créditos Destinados a Gastos Reservados. Según su propuesta, cada tres meses un responsable de las actuaciones del centro comparecería para exponer las actividades en curso y futuras para evitar que continúe ejerciendo actividades “alegales, ilegales o ilícitas”.
Además, pide asegurar que cuando los responsables de las actuaciones del CNI comparezcan ante cualquier comisión parlamentaria informen sobre el espionaje a partidos políticos, sindicatos, asociaciones y cualquier colectivo ciudadano.
Asimismo, exigen aumentar las sanciones administrativas y penales de los responsables de las infracciones cometidas, además de asegurar que dichos infractores vean sus funciones suspendidas y sean apartados de cualesquiera organismos públicos de Defensa, de las fuerzas de seguridad del Estado o de cualquier instancia oficial.
Por último, ERC pide congelar la partida presupuestaria del CNI para evitar que “siga aumentando de forma desproporcionada e injustificada”.
El Congreso tiene aprobada desde diciembre una comisión de investigacion sobre el uso del programa ‘Pegasus’ para espiar a políticos, que fue exigida por ERC como condición para apoyar la elección de Francina Armengol como presidenta del Congreso y blindar así la mayoría progresista en la Mesa de la Camara.
Pero meses después de que se constituyera en febrero, la comisión no ha acabado de arrancar por falta de acuerdo entre el PSOE y sus aliados sobre los comparecientes que deben ser llamados a declarar, ya que los independentistas apuntan al Gobierno de coalición y a responsables del CNI.
