La población de Ruanda está llamada este lunes a las urnas para unas elecciones generales en las que el actual mandatario, Paul Kagame, aspira a obtener un cuarto mandato al frente del país, que lidera desde hace tres décadas, ante la ausencia de candidatos opositores que cuenten con opciones de peso para hacerse con la victoria.
Kagame, de 66 años, se convirtió en líder ‘de facto’ de Ruanda después de que los rebeldes del Frente Patriótico Ruandés (FPR), creado en 1987 en el exilio, derrotaran a las autoridades, controladas por extremistas de Poder Hutu –una ideología supremacista sobre la superioridad étnica de este grupo– en el seno del Movimiento Republicano Nacional por la Democracia y el Desarrollo (MRNDD), tras el genocidio de tutsis y hutus moderados en 1994, que se saldó con más de 800.000 muertos en el transcurso de cerca de tres meses.
La toma de Kigali por parte del FPR supuso el fin de la ofensiva lanzada para poner fin al genocidio, que estalló horas después de que el presidente del país, Juvenal Habyarimana, y su homólogo de Burundi, Cyprien Ntaryamina, murieran tras ser derribado en Kigali el avión en que viajaban el 6 de abril de 1994, hecho achacado al FPR, que ha negado su responsabilidad y ha apuntado a facciones contrarias al mandatario en el seno del MRNDD y su brazo paramilitar, los Interahamwe.
Tras ello, Kagame fue nombrado vicepresidente, cargo en el que se mantuvo hasta el año 2000, momento en el que ascendió a jefe de Estado tras la dimisión de Pasteur Bizimungu. Desde entonces, ha consolidado su poder con sus victorias en las elecciones de 2003, 2010 y 2017, en las que ha obtenido siempre más del 93 por ciento de los votos.
En esta ocasión, al igual que en 2017, hará frente al líder del Partido Verde, Frank Habineza, y a Philippe Mpayimana, quien concurre nuevamente como independiente. Mpayimana obtuvo el 0,73 por ciento de las papeletas en los últimos comicios, mientras que Habineza se hizo con el 0,48 por ciento de los respaldos.
Dichas elecciones se celebraron después de una enmienda constitucional que permitió al presidente presentarse a un tercer mandato y redujo el mandato presidencial de siete a cinco años, si bien esta modificación entrará en vigor precisamente después de la votación de este lunes, en medio de denuncias de la oposición sobre un supuesto intento de Kagame de eternizarse en el poder.
El mandatario ha logrado estabilizar el país tras el genocidio y durante estas tres décadas Ruanda ha logrado progresos a nivel económico y social, incluida su transformación en un centro de conferencias internacionales y eventos deportivos, si bien durante las últimas tres décadas numerosos opositores han desaparecido o han sido asesinados.
En esta ocasión, la campaña electoral ha estado marcada por los actos de Kagame y la escasa participación en las convocatorias de los opositores, ambos antiguos periodistas que decidieron posteriormente dar el salto a la política. De hecho, Habineza se convirtió en 2018 en miembro del Parlamento –junto a otro miembro del Partido Verde–, los primeros opositores en entrar al organismo legislativo desde 1994.
Mpayimana y Habineza cuentan con escasos apoyos en el interior del país y no suponen rivales para Kagame, una situación ahondada por la descalificación de las principales figuras opositoras, Victoria Ingabire, Diane Rwigara y Bernard Ntaganda, sobre quienes pesan diversas condenas que impiden que puedan presentarse como candidatos a la Presidencia del país africano, situado en la región de los Grandes Lagos.
ELIMINACIÓN DE CANDIDATURAS OPOSITORAS
En esta ocasión, la comisión electoral ha apartado a Rwigara –líder del Movimiento de Salvación del Pueblo (PSM) detenida en varias ocasiones tras los últimos comicios– al considerar que no presentó la documentación correcta para respaldar su candidatura. Rwigara, una empresaria y activista detenida junto a su madre, Adeline, fue liberada en octubre de 2018 y posteriormente absuelta de los cargos por supuesta incitación a la insurrección y falsificación de documentos.
También ha sido apartada Victoire Ingabire, cuyo partido Desarrollo y Libertad para Todos –también conocido como Dalfa-Umurinzi y anteriormente llamado Fuerzas Democráticas Unificadas-Inkingi–, no está reconocido por las autoridades. Ingabire fue sentenciada a 15 años por cargos de incitar a la insurrección tras presentar su candidatura a las elecciones de 2010 y, si bien fue liberada en 2018 en el marco de una amnistía anunciada por Kagame, rechazó su petición para presentarse a la Presidencia.
Por su parte, Bernard Ntaganda, fundador del Partido Socialista Ideal, pidió igualmente su rehabilitación legal tras su condena en 2011 por cargos de “división” al criticar las políticas de las autoridades antes de las elecciones de 2010. El político, que pasó cuatro años en prisión, vio sus aspiraciones rechazadas por el Tribunal Supremo, que en mayo argumentó que aún tenía tasas judiciales adeudadas para apartar su solicitud.
Amnistía Internacional ha recalcado recientemente que “las restricciones a los candidatos y partidos de la oposición no son nada nuevo en Ruanda” y ha denunciado que “los partidos opositores hacen frente a importantes obstáculos para el registro”, incluidas la obtención de seguridad para organizar las reuniones necesarias para respaldar el propio proceso de registro.
Además, ha reclamado a las autoridades que retiren de forma “inmediata” sus “graves y persistentes restricciones” a la libertad de expresión, asociación y asamblea pacífica y que “permitan espacio a las opiniones diferentes antes, durante y después de las elecciones”, en las que más de nueve millones de personas están llamadas a las urnas.
TENSIONES EN LA REGIÓN
Las elecciones tendrán lugar además en medio de las tensiones en la región por el conflicto en el este de República Democrática del Congo (RDC) entre el Ejército y el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), integrado por tutsis congoleños y respaldado por Kigali, lo que ha hecho temer una guerra en la zona.
En este contexto, el propio Kagame afirmó en junio que el país está “preparado” para una guerra con RDC en caso de que “la situación en el este de RDC y sus derivadas afecten al territorio ruandés”. “Si alguien nos amenaza, no es un secreto que estamos preparados para luchar”, dijo.
RDC y el M23 alcanzaron la semana pasada un acuerdo de tregua humanitaria que se extenderá hasta el 19 de julio, después de los comicios, si bien ya se han registrado enfrentamientos puntuales, mientras que Kagame ha denunciado en numerosas ocasiones la “ideología genocida” presente en esta parte del país vecino.
El mandatario ruandés ha acusado a RDC de apoyar a las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), un grupo armado fundado e integrado principalmente por hutus responsables del genocidio de 1994 y ha pedido a Kinshasa que “no huya de sus problemas”, ante lo que considera como un asunto derivado de la discriminación contra la comunidad tutsi.
Los intentos por parte de los países africanos para impulsar un acuerdo de paz al conflicto han estado marcados hasta la fecha por varios obstáculos, con escasos avances en los procesos con sede en Nairobi y Luanda, si bien Kagame ha defendido la disposición de Kigali a participar en los mismos hasta lograr una solución política que evite una guerra.
Las elecciones, que arrancan el domingo con la votación de los ruandeses residentes en el extranjero, se extenderán hasta el martes –dado que las parlamentarias se dividen en dos días–, mientras que está previsto que los resultados parciales sean publicados el 20 de julio, con el 27 de julio como fecha para el anuncio oficial del vencedor.
