El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ofrecido a todos los grupos parlamentarios, con la excepción de la ultraderecha, pactar toda una serie de medidas que ayuden a garantizar la transparencia, la independencia y el pluralismo de los medios de comunicación para garantizar así una “información veraz” a los ciudadanos.
Ante el Pleno del Congreso de los Diputados, Sánchez ha esgrimido que lo que hay que hacer es trasponer a la legislación española lo que exige el reglamento europeo de medios de comunicación aprobado hace unos meses, con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, también los populares, y con la excepción de la ultraderecha, en la Eurocámara. “Lo que se vota en Estrasburgo se puede perfectamente votar en España”, ha sostenido.
En este sentido, ha incidido en que dicho reglamento plantea que “los ciudadanos deben conocer las fuentes de financiación de los medios de comunicación, el nombre de sus accionistas y las cifras de audiencia de forma honesta, para evitar fraudes en la inversión publicitaria por parte de gobiernos de nuestra democracia, mediante el uso, por ejemplo, de bots o de clickbaits y también la injerencia de actores extranjeros”.
Sánchez ha defendido la necesidad de “limitar la financiación de las administraciones públicas para que no haya medios de comunicación que tengan más financiadores públicos que electores y asegurar que no haya partidos políticos que compren líneas editoriales con el dinero de todos los contribuyentes”.
También ha adelantado que el Gobierno quiere “reforzar los derechos al honor y a la rectificación de la ciudadanía”. “Los medios tienen que ser libres, poder desarrollar su propia línea editorial y, a su vez, los ciudadanos tienen que poder defenderse si se vierten sobre ellos calumnias o acusaciones infundadas” para lo cual se propondrá “una nueva reforma de la Ley Mordaza”.
Con este paquete, ha puntualizado Sánchez, lo que se busca en último término es reforzar el correcto funcionamiento de la democracia y la libertad de expresión y garantizar el derecho a una información veraz.
“Evidentemente no es la misión ni la intención del Gobierno repartir carnés de fiabilidad entre los medios de comunicación”, ha manifestado, esgrimiendo que esa fiabilidad “se la tienen que dar los ciudadanos, pero sí es obligación de los poderes públicos desarrollar lo acordado en Europa”, justificando así sus propuestas.
