El vencimiento de la concesión de la Terminal Quequén, ubicada en el Puerto Quequén, Necochea, abrió un inesperado frente de conflicto con productores y entidades rurales bonaerenses respecto a la gestión del elevador.
La posible intervención del gobierno de la provincia de Buenos Aires, intención que blanqueó la presidenta del Consorcio Portuario de Quequén, Jimena López, al asegurar que la administración provincial solicitará un cupo del 30%, alertó a toda la cadena agroexportadora.
Según afirmó, esta reserva sería para beneficiar a los “pequeños productores”, aunque en la práctica no hay registros de solicitudes para llevar adelante acciones de estas características. Se trata, nuevamente, de una medida inconsulta y unilateral, con serios perjuicios a futuro.
Tras el revuelo que generaron esas declaraciones, el propio gobernador Axel Kicillof tuvo que pronunciarse, y ensayar una defensa de su polémica posición: “Generalmente ese es el sector más castigado con el precio, el eslabón más débil de la cadena, ya que los intermediarios se quedan con la mayor parte de la rentabilidad”.
Detrás de esa postura, se abren varias interrogantes. ¿Cuál es la intención del gobierno bonaerense al querer intervenir en la Terminal? ¿El gobernador Axel Kicillof busca reeditar la experiencia de la junta de granos? Y lo más importante, ¿tiene la provincia los recursos como para poder llevar adelante esta intervención?
Como productora rural, puedo asegurar que no hay ninguna entidad que le haya solicitado al gobierno provincial esta participación, dado que la “Terminal Quequen S.A.” funciona correctamente. El amplio rechazo se fundamenta en la inentendible necesidad de intervención estatal en un tema tan sensible e importante como son las exportaciones agropecuarias, principal vía para generar dólares genuinos.
Hoy, los problemas del productor pasan por la conectividad, los caminos rurales, la falta de obras viales para sacar los granos y el creciente delito rural. También preocupa la constante voracidad impositiva de un gobierno que quiere asfixiar a quienes producen e invierten. Porque en vez de intentar solucionar lo que está mal, generan nuevas trabas e inconvenientes.
Al día de la fecha la concesión está vencida y la prórroga está a punto de expirar. Mientras la esperada cosecha fina se acerca, el gobierno provincial sigue jugando al misterio, tal como lo hizo semanas atrás con la no adhesión de la provincia al RIGI, con consecuencias a la vista. ¿El caso YPF/Petronas no dejó ninguna enseñanza?
La tozudez del gobierno provincial amenaza con paralizar las operaciones en una Terminal donde trabajan más de 120 personas y que mueve alrededor de 7,5 millones de toneladas de granos anuales, lo que representa el 7 % de las exportaciones argentinas. Por esta concesión, actualmente se abonan 25 millones de dólares anuales; otros 22 mil dólares mensuales en concepto del uso edilicio; y 0,50 dólares por tonelada operada.
Es urgente que se garantice la continuidad de la operatividad en la Terminal con una nueva prórroga, pero debe ser una condición que se ponga fecha para avanzar en un llamado a licitación transparente, brindándole certezas y previsibilidad a los productores.
