Con cinco votos a favor y dos abstenciones de legisladoras del correísmo, el Consejo de Administración Legislativa (CAL), el órgano de mayor autoridad en la Asamblea Nacional, resolvió suspender la sustentación y tramitación de los dos juicios políticos que la bancada de la Revolución Ciudadana, afín al ex presidente Rafael Correa, impulsaban en contra de la fiscal general Diana Salazar, quien anunció que está embarazada y pidió que se respete su derecho a tener un periodo de gestación tranquilo.
Salazar, de 42 años, rompió el silencio sobre su vida privada y en un video indicó que lleva casada por tres años y ahora espera su segundo hijo: “He solicitado a la Asamblea Nacional que se garantice y respete mi derecho constitucional a tener un embarazo en paz”, indicó. Unos minutos después de difundida la grabación, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, informó que el Consejo de Administración Legislativa analizaría si suspender la sustentación y tramitación de los juicios políticos en contra de la fiscal Salazar, considerando su embarazo de alto riesgo y doble condición de vulnerabilidad.
La mañana del 17 de mayo, el CAL sesionó y admitió la suspensión.
Cuando se conoció la noticia del embarazo de la fiscal, la ex candidata a la presidencia por la Revolución Ciudadana, Luisa González, calificó al anuncio de Salazar como un “show” y dijo que “un día y muy cercano la verdad de tanta corruptela saldrá a la luz”. Asimismo, militantes y simpatizantes de ese partido dijeron que la fiscal debería renunciar a su cargo y dedicarse al embarazo.
La ex legisladora Viviana Bonilla, sentenciada por corrupción en el caso Sobornos y asilada en México, dijo que ella tuvo que acudir a las audiencias del caso durante su embarazo, que también era de alto riesgo, y, cuando su hijo nació, debía interrumpir su periodo de lactancia para atender las diligencias judiciales. Además Bonilla, que se considera perseguida política, dijo que sufrió demasiado estrés al escuchar falsas acusaciones de los testigos de la Fiscalía: “Lo que usted me hizo no se lo deseo a nadie, ni siquiera a usted. Por el contrario, ojalá pueda tener un embarazo tranquilo junto a su familia, un periodo de lactancia sin interrupciones y un juicio político justo, en donde usted sí tenga derecho a la legítima defensa y presunción de inocencia”, escribió.
También, militantes del partido correísta difundieron una entrevista realizada hace varios meses donde la actual legisladora Pamela Aguirre, también del partido de Rafael Correa, dijo que la fiscal la llamó a declarar en el caso Sobornos el día que iba a dar a luz y aseguró que “estaba en la Fiscalía con dolores de parto, pidiéndole a mi hijo que se espere”.
Por su parte, la abogada penalista, Lorena Grillo, ironizó en X refiriéndose al anuncio y a las críticas de la Revolución Ciudadana (RC5): “En serio la recomendación del partido progresista feminista del Ecuador RC5, es que la Fiscal General se acoja a la “brecha de maternidad” y renuncie al cargo, porque ¿quién le manda a ser mujer y embarazarse? No pues, ¡perfecto! Aplausos”, escribió.
La última semana, Salazar, quien investiga los casos más emblemáticos de corrupción y narcotráfico en el país, reveló que los sicarios contratados para asesinar a Fernando Villavicencio, que aspiraba a la presidencia de Ecuador, tenían también como tarea matarla. Salazar enfrenta un riesgo personal del 100%, lo cual señala la presencia constante de amenazas inminentes contra su vida. Los riesgos contra la Fiscal se han recogido incluso en una reseña sobre ella en la revista Times, pues fue elegida como una de las 100 personas más influyentes del mundo en la categoría líderes.
