La historia de los conductores y los trapitos es infinita. Desde que los cuidacoches se ramificaron en las esquinas de los barrios más concurridos y en los shows o partidos de fútbol, cada automovilista tiene su anécdota.
Muchas veces todo sale bien, más allá de tener que dejar unos pesos -a veces muchos billetes- por estacionar el vehículo en un espacio público. Pero otras veces las cosas se complican. Y los conductores se sienten rehenes de la situación: o pagan o la pasan mal. Eso fue lo que tuvo que esclarecer en estos días la Justicia, cuando condenó a dos años de prisión a un “trapito” violento.
Según el fallo al que accedió Infobae, el presidente del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 22, Sergio Adrián Paduczak, resolvió en un juicio abreviado por extorsión en grado de tentativa. Del acuerdo participaron el fiscal Marcelo Martínez Burgos y el defensor oficial Ricardo Richiello.
El acusado se llama Gustavo Blanco, quien está detenido. El fallo evaluó que tenía condenas anteriores: una a un año y dos meses de prisión por robo simple en grado de tentativa, cumplida en 2022; otra en el juzgado de Mercedes con libertad condicional y otra que se dictó en septiembre a una pena de 75 días de prisión por robo simple en grado de tentativa. Ahí se lo declaró reincidente.
Lo que aquí se juzgó ocurrió en la noche del último 13 de enero, cuando P.E.F estacionó su automóvil en la vía pública -más precisamente sobre la intersección de las calles Fray Justo Santa María de Oro y El Salvador, en el barrio de Palermo- y bajó del auto con su hija menor de edad y su esposa.
Ahí se acercó Blanco para pedirle dinero por estacionar el auto ahí. “¿Puede colaborar con algo de plata?”, le preguntó. El conductor le respondió que le pegaría a su regreso. Pero en ese momento Blanco alzó su voz, tornándose agresivo, y le refirió: “la quiero ahora”, “después te va a salir más caro”, “yo me la banco, vení”, “tengo un arma y si no me pagás te voy a cagar a tiros”, señala la causa.
La familia llamó al 911, mientras se retiró apresuradamente del lugar hacia calle la Uriarte. Blanco los siguió. Pero un patrullero pasaba por el lugar y el conductor hizo frenar a los policías y les relató lo que había sucedido. El oficial mayor fue hasta la esquina de Santa Rosa y Thames, momentos en que el damnificado identificó al imputado y lo detuvieron.
Además de los testimonios de las víctimas, los policías, los testigos del procedimiento, quedó en la causa la filmación de lo ocurrido -sin audio, pero viendo cómo el imputado se acerca y la víctima sale corriendo- y la grabación de la llamada al 911. Todo ello acreditó el hecho.
“Queda claro que Blanco profirió frases intimidantes a la víctima, las que estuvieron dirigidas a recibir dinero a cambio de cuidar el rodado que quedaría estacionado en la vía pública. Tal conducta, consistente en violentar a una persona para determinarla bajo la amenaza y restringir su voluntad, configura el delito de amenazas coactivas”, dijo el juez. El delito establece que “será reprimido con prisión o reclusión de seis meses a dos años el que hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas. En este caso la pena será de uno a tres años de prisión, si se emplearen armas o si las amenazas fueren anónimas”.
Y el fallo, también añadió: “Considero adecuado el monto de la pena acordada por las partes en virtud del cambio de calificación realizado, por lo que se impondrá a Blanco la pena de dos años de prisión. El cumplimiento de la pena será de efectivo cumplimiento toda vez que el encausado registra antecedentes condenatorios”.
