El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha emplazado al ‘president’ de la Generalitat, Carlos Mazón, a estar dispuesto a “sentarse en una mesa” para que la Ley de Concordia “entre en los cauces de lo que dice la ONU respecto a los derechos humanos y vuelva a lo que fue la ley anterior”, ahora que Vox está “fuera de los gobiernos” como el de la Comunitat Valenciana.
De lo contrario, ha reiterado que el Gobierno recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) la Ley de Concordia, aprobada la semana pasada por Les Corts como derogación de la de Memoria Democrática de 2017.
Según ha explicado, su intención es abrir una comisión bilateral con la Generalitat una vez se publique la Ley de Concordia. “Mazón tiene una oportunidad”, ha aseverado, y ha lamentado que la ley se aprobó unas horas antes de que Vox saliera de los gobiernos autonómicos al no aceptar la acogida de menores migrantes.
“Cualquier avance que se haga desde las comunidades autónomas tendrá el apoyo siempre del Gobierno, pero cualquier involución también tendrá el rechazo absoluto porque defendemos los derechos humanos”, ha manifestado tras reunirse con la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé.
Torres (PSOE) ha defendido que “no tiene sentido equiparar a las víctimas de 40 años de dictadura con las víctimas o las supuestas víctimas de la Segunda República, que fue un régimen democrático”, algo que ha denunciado que “iguala” la Ley de Concordia.
Tras subrayar que el Gobierno seguirá “tendiendo la mano para llegar a acuerdos”, ha confiado en poder contar con “esa reciprocidad por parte de la Comunitat Valenciana”. Al respecto, ha puesto como ejemplo un acuerdo reciente alcanzado con la Generalitat para modificar los presupuestos autonómicos de 2024 “con el visto bueno de la Comunitat Valenciana”.
LO “LÓGICO” ES QUE EL PP PARALICE ESTAS LEYES
Respecto a la decisión de Extremadura de no tramitar la Ley de Concordia tras la salida de Vox de su gobierno, Torres ha señalado que todas las derogaciones de las normas autonómicas de Memoria Democrática fueron “exigidas por Vox”, por lo que ve lógico que los presidentes del PP rechacen seguir con las derogaciones.
Además, ha lamentado que otras comunidades como Castilla o Aragón no quisieron llegar a acuerdos y por eso “el Constitucional ha suspendido la derogación que aprobó el gobierno de Aragón”.
Por otro lado, el ministro ha resaltado que el Gobierno ha aprobado recientemente destinar tres millones de euros para realizar exhumaciones y ha cargado contra la intención de Vox de “blanquear la dictadura” y “humillar los restos de las personas que dieron su vida y eran del bando republicano”.
