El fiscal federal de San Martín Paul Starc pidió la detención del intendente de San Martín Fernando Moreira y de otras cuatro personas señaladas en la causa que investiga una serie de contrataciones irregulares por parte de la municipalidad, con sus respectivas cuentas bancarias. En la causa se investiga falsificación de documento público y defraudación a la administración pública. El viernes pasado, la sede de la comuna había sido allanada en búsqueda de documentación y se le prohibió al salida del país al jefe comunal.
La fiscalía había pedido su arresto, algo que fue denegado por la jueza Alicia Vence. En ese contexto, el fiscal Starc apeló ante la Cámara Federal de San Martin para que se ordenen los arrestos, indicaron las fuentes consultadas. “La medida de coerción resulta necesaria y su no otorgamiento causa perjuicio a esta parte”, dice el escrito. La detención no solo apunta al intendente sino también a los otros imputados José María Fernández, Hector Rey, Lorena Altamira y Marta Beatriz Pastor.
Mientras tanto, se comienza a analizar toda la documentación secuestrada. La causa se inició en diciembre pasado cuando un hombre denunció que cobraba un plan social del Ministerio de Desarrollo Social y le fue interrumpido. Según se señaló, cobraba como empleado municipal unos 300 mil pesos por parte de la intendencia de San Martín y le era incompatible la percepción de un plan social.
Ese fue el puntapié de la investigación que derivó en descubrir que una persona del Municipio de San Martín tenía varias tarjetas de débito y retiraba el dinero de los empleados en un cajero cercano al Concejo Deliberante. Así es que personas con desconocimiento total figuraban como empleados del Municipio y en nombre de ellos se cobraban salarios como supuestos trabajos. En su dictamen, el fiscal señala el caso de una persona contratada que tenía antecedentes penales.
El fiscal afirmó que estudiando las filmaciones de los cajeros automáticos donde se usaron las tarjetas entregadas aparecía Sergio González, presidente del consejo deliberante de San Martín, como la persona que realizaba todas las extracciones y manipulaba varias tarjetas. González falleció el 9 de noviembre. El denunciante afirmó que lo conocía de la militancia y que él le había mandado la foto de su dni despues de una pegatina. En 2023 se enteró a través de ANSES que le dieron de baja a su plan social y la asignación que cobraba por ser empleado de la municipalidad, algo que él no sabía. Ahora trabaja en el area de estacionamiento del municipio.
Según describió, existió el delito de administración pública y falsedad ideológica y responsabilizó a Moreira como intendente; a Fernández, jefe de gabinete; a Rey, director de administrador de personal, por haber firmado el decreto que nombró al personal irregular investigado. Saluzzo recibió tarjetas de débito de dos personas que fueron utilizadas. Altamira en tanto era coordinador general de jefatura de gabinete. Pastor era jefa de división en el área administrativa. Los útimos dos certificaron los documentos cuestionados.
Desde el entorno de Moreira, señalaron que no habían podido aún tener acceso al expediente, y subrayaron que el pedido fiscal ya había sido desestimado por la jueza Vence. El viernes, cuando se desarrollaban los allanamientos, la Municipio de San Martín informó que la denuncia involucra a dos personas que figuraban como empleadas del Honorable Concejo Deliberante, supuestamente sin tener conocimiento de ello y que el Municipio es el principal interesado en que se esclarezca el hecho. También rechazaron la vinculación con la causa Chocolate.
