Isidoro (nombre ficticio), de 41 años, ha vuelto a trabajar para Acciona, una de las grandes empresas españolas en los sectores de las infraestructuras, las energías renovables, el agua y los servicios. La compañía, que cotiza en el Ibex-35, ha tenido que readmitirlo después de que el Juzgado de lo Social Número 11 de Sevilla declarara nulo su despido, producido en febrero de 2022, por vulneración de sus derechos fundamentales. Isidoro, que trabajaba como delegado comercial de Acciona Servicios Urbanos SL en la capital hispalense, se ha tenido que reencontrar con sus superiores, a los que denunció en los canales internos de la firma por prácticas corruptas.
La sentencia, hecha pública en mayo de este año, y a la que ha tenido acceso Infobae España, relata cómo los problemas de Isidoro comenzaron en diciembre de 2021, cuando utilizando un pseudónimo decidió enviar una denuncia al canal ético de Acciona para informar de las “prácticas fraudulentas” cometidas por un importante directivo de la empresa. En esa denuncia relataba “un modus operandi consistente en presionar a los funcionarios de los organismos públicos para que adelanten los borradores de los pliegos antes de que sean públicos”. Para ello, se usaba una cuenta de correo ajena a la empresa para que enviaran a Acciona los pliegos antes de que fueran publicados “y poder tener la ventaja competitiva frente al resto de licitantes para preparar con más tiempo la oferta o concurso en cuestión”. Isidoro, que aportó pruebas, amenazaba incluso con acudir a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) si no cambiaban las políticas internas.
La denuncia derivó en la apertura de un expediente interno de investigación por parte de Accciona, una instrucción que recayó en un ex teniente coronel de la Guardia Civil, experto en la lucha contra ETA, que había dejado la Benemérita y se había incorporado hace años al departamento de seguridad de esta multinacional. Isidoro continuó así enviando pruebas, entre ellas la grabación de un vídeo hecha el 18 de diciembre de 2021 en un restaurante de Madrid, en el que estuvieron directivos de Acciona y personal del Ayuntamiento de Colmenar Viejo, administración que había adjudicado a esta empresa (junto a FCC) el contrato de recogida de residuos del municipio. La información que acompañaba al vídeo señalaba que la fiesta “habría acabado en un prostíbulo”. El denunciante insistía en que si la empresa no tomaba medidas, estas pruebas acabarían en la prensa. Y es que Isidoro también aportó un audio que dejaba entrever que se había amañado este contrato, “en el que se tuvo que meter a FCC en la oferta para repartirse el territorio”.
Isidoro, que llevaba trabajando en Acciona desde 2011, siguió pidiendo ayuda dentro de la empresa, y usando otro pseudónimo envió también un correo electrónico al CEO de Infraestructuras de Acciona, donde le adjuntaba una grabación en la que el directivo que había implantado estas prácticas fraudulentas contaba “cómo consiguió el lote de la limpieza viaria del último concurso público de Madrid”. También señaló que tenía más pruebas de otros amaños que implicaban a los Ayuntamientos de Toledo, Zamora, Coslada y Alicante. El 20 de enero de 2022, el instructor de la investigación interna solicita la suspensión cautelar del directivo denunciado al frente de ASUMA (Acciona Servicios Urbanos y Medio Ambiente), una medida que es acordada el 21 de enero de 2022. Entre las conclusiones finales se instaba a la empresa de prescindir de todo el personal activamente vinculado a las prácticas fraudulentas.
El denunciante, despedido
Isidoro pensaba entonces que había ganado la batalla contra la corrupción. Pero el 8 de febrero de 2022, el responsable de recursos humanos de Acciona comunica a Isidoro por escrito la extinción de su contrato de trabajo por despido por causas objetivas, con efectos en el mismo día, “por causas organizativas y/o de producción, en base en el artículo 52 c) del Estatuto de los Trabajadores”. Es decir, por razones económicas. Y es que, aunque el trabajador había presentado una denuncia anónima y había intentado preservar su identidad, el instructor había accedido a varios correos de empleados para intentar localizarlo, algo que finalmente hizo.
La empresa argumenta que “usted viene prestando servicios como gerente de la delegación sur, que se compone de Andalucía y Canarias, desde el año 2017, siendo el máximo responsable de la organización y gestión de esta y por ende de los resultados económicos de la misma. Durante los últimos tres años los números de la delegación que usted gestiona han sido negativos, no siendo los resultados que la Dirección de la Empresa esperaba obtener del desempeño de sus funciones. En base a lo anterior y habiéndole otorgado un tiempo más que razonable para poder implementar en su delegación los cambios necesarios para revertir la situación deficitaria de la misma, le comunicamos que, en vista de los resultados aportados, la empresa ha decidido razonablemente prescindir de sus servicios, en una medida, que se entiende adecuada, para la superación o al menos, para la paliación de la situación indicada”.
No fueron los únicos despidos. El 8 de febrero de 2022, la empresa decidió prescindir de otros tres trabajadores de las delegaciones de Paracuellos del Jarama (Madrid), Valencia y Calpe (Alicante) también por causas organizativas y de producción, entre ellos uno de los compañeros de Isidoro que le había facilitado material para su denuncia. Es decir, que todo este embrollo acabó con el denunciante despedido; y, según ha podido saber este diario, con el denunciado, tras un periodo corto de suspensión, continuando en sus funciones de directivo en la compañía, en las que sigue a día de hoy. Isidoro acudió a los tribunales para intentar declarar nulo su despido en marzo de 2022.
El tribunal de Sevilla entiende que, al ser un juzgado de lo social, todas las pruebas aportadas por el demandante, relativas a las presuntas prácticas corruptas, “son ajenas a este procedimiento”. No obstante, “como resulta de los hechos probados, nos encontramos ante el despido de un empleado que previamente había denunciado las irregularidades de un superior, conociendo la empresa que era el denunciante (…) Es especialmente relevante que los hechos que fueron denunciados por el actor tenían todos una base objetiva”, señala la sentencia. Fuentes jurídicas del caso señalan que el juez de lo social tenía intención de derivar estos hechos de presunta corrupción a la jurisdicción competente para investigarlos.
Sentencia recurrida
Dos años después de su despido, la justicia ha dado la razón a Isidoro y ha declarado la nulidad del mismo “por vulneración de derecho fundamental”. El tribunal condenó en mayo de este año a Acciona a la inmediata readmisión de Isidoro “en su puesto y condiciones de trabajo”, con abono de los salarios de tramitación, a razón de 254,83 euros brutos diarios. Además, la compañía tendrá que pagarle una indemnización de 15.000 euros por daños y perjuicios derivados de la vulneración de derechos fundamentales. Acciona, por su parte, “señala que ha cumplido con la sentencia y este empleado ya está trabajando”, aunque ha recurrido la decisión del juez. “También asegura que cuenta con las normas de control más exigentes para evitar prácticas irregulares”. Este diario ha preguntado a la compañía si ha tomado alguna medida disciplinaria contra el directivo denunciado. No ha obtenido respuesta.
