El jefe de los senadores radicales, Eduardo Vischi (Corrientes), intenta reflotar una ley que regule el lobby. Es un objetivo siempre frenado en el Congreso y el proyecto de tres legisladores del centenario partido, presentado en agosto pasado, será promocionado mañana, en una jornada sobre “gestión de intereses” que se desarrollará por la tarde, en el anexo de la Cámara alta.
La iniciativa, que lleva las firmas de Vischi, su comprovinciana Mercedes Valenzuela y Pablo Blanco (Tierra del Fuego), ubica a la Agencia de Acceso a la Información Pública, dependiente del Ministerio Público Fiscal de la Nación, como autoridad de aplicación.
Según consta en el articulado, la finalidad de la ley es “regular la gestión de intereses en el ámbito de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, quedando incluidas dentro de su alcance las empresas con participación del Estado y los entes descentralizados”.
El proyecto entiende por lobby la “gestión de intereses a la actividad desarrollada por un persona humana o jurídica a través de un acto de gestión, con el objeto de obtener por cualquier medio lícito y transparente, la aprobación, modificación o rechazo de cualquier acción o decisión llevada a cabo por los funcionarios en el ejercicio de sus funciones”; y el “acto de gestión a la comunicación oral o escrita, cualquiera sea el medio que se utilice, dirigida por el gestor de intereses a un funcionario de la administración pública, con el propósito de influir en una decisión pública”, entre otras cuestiones.
La iniciativa crea además la figura del “Ombudsman de Intereses”, que “será un defensor independiente designado para representar y promover los intereses diversos de la sociedad ante las autoridades”. Lo designará la autoridad de aplicación y “actuará de manera autónoma e imparcial en la defensa de los derechos y preocupaciones de los ciudadanos, organizaciones y grupos afectados por las decisiones públicas”.
De hecho, para esta modalidad, “la autoridad de aplicación desarrollará una plataforma de petición ante las autoridades que garantice a la población su fácil acceso y publicidad digital, permitiendo contactar a las autoridades, quienes deberán responder a las solicitudes presentadas, aceptando, derivando o rechazando las audiencias que se soliciten por interpuesta figura”. En tanto, hasta que dicha “figura no se implemente, será el Defensor del Pueblo de la Nación el responsable de canalizar los reclamos sociales”.
En otro de los artículos del proyecto se especifica que los gestores que incumplan con las obligaciones de la ley, “sin perjuicio de la responsabilidad penal, civil y cualquier otra que el ordenamiento jurídico prevea, serán pasibles” de sanciones como, por ejemplo, “multa de hasta veintidós salarios mínimos vitales y móviles; suspensión de la inscripción en el registro respectivo”; e “inhabilitación definitiva para desempeñar la actividad de gestión de intereses”.
La ley de los tres senadores prohíbe “a los funcionarios aceptar cualquier liberalidad de parte de los gestores de intereses o de los terceros en cuya representación actúen”. En ese sentido, aclara que “incluye obsequios, donaciones, servicios gratuitos, ofertas de cargos o empleos”, aunque la enumeración es “enunciativa”, y alcanzarían “al cónyuge o conviviente del funcionario público, así como a sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad”.
Vischi, Valenzuela y Blanco señalaron en los argumentos del proyecto que “llevar transparencia en cuestiones especiales para evidenciar los correctos intereses de los grupos especiales que puedan influir en la decisión de nuestros gobernantes es de vital importancia para una sociedad que se requiere cada vez más interesada en los manejos internos de quienes nos gobiernan”.
“La claridad en los actos de gobierno, la política, las reuniones y audiencias para lograr las contrataciones significa mucho para una sociedad que se manifiesta cada vez más desconfiada y distante de sus gobernantes”, agregaron los senadores.
