La acusación popular de la asociación ‘Liberum’ se ha opuesto a que la Fiscalía Europea asuma la investigación de toda la presunta trama de corrupción en la compra de mascarillas durante el principio de la pandemia, conocido como ‘caso Koldo’, incluidos los contratos adjudicados por Canarias, Baleares y varios ministerios.
En un escrito remitido a la Audiencia Nacional, recogido por Europa Press, Liberum se opone al decreto de avocación dictado el pasado 30 de mayo explicando que, de los contratos investigados, la aportación de fondos europeos solo supone un 4,2% y el importe pagado con fondos públicos de España el 95,8%. “La víctima más afectada con creces fue la nación española, y no la Unión Europea (UE)”, indica.
En este contexto, la acusación asevera que el decreto de avocación “omite los requisitos o condicionantes que exige esta exención para que no sea la víctima nacional la competente para investigar aquellos delitos cuando sufren un daño superior a los producidos a la UE”.
Liberum explica que la Fiscalía Europea también “esgrime como motivo para asumir las investigaciones el hecho de estar en mejores condiciones dado su carácter y magnitud trasnacional y de tener su oficina única en Luxemburgo”.
“Más allá de pretender una comparación de medios de investigación entre la Fiscalía Europea y cualquier otra dentro de la Unión Europea, incluida la Fiscalía Anticorrupción, lo cierto es que, el argumento, dicho con toda consideración a la Fiscalía Europea, debe decaer, pues de seguir ese hilo argumental, es decir, la proximidad de las dependencias de esta con los hechos investigados, nos llevaría al absurdo de que, de facto, no podría realizarse la inmensa mayoría de las investigaciones de corrupción o delitos semejantes”, explican.
La asociación incide en que, “precisamente, en el caso de los contratos investigados en las comunidades autónomas de Canarias y Baleares no deberían ser investigadas por la Fiscalía Europea, sino por una más cercana”.
Entiende además la asociación que en caso de que “todo el procedimiento se derivase a la Fiscalía Europea se estaría impidiendo la continuidad de las investigaciones de supuesto delito contra la Hacienda Pública”.
CONFLICTO DE COMPETENCIAS
Cabe recordar que, en ese decreto, la Fiscalía Europea aseguraba que adoptó la decisión de asumir la causa “una vez recibida la información y después de examinarla en detalle”.
A través de un comunicado, la Fiscalía anunció que pasaba a “investigar conjuntamente la totalidad de los contratos adjudicados por las distintas Administraciones Públicas a la misma empresa en un breve periodo de tiempo”.
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que instruía la causa hasta ese momento, puede si no está conforme con la decisión de la Fiscalía Europea de asumir la totalidad del ‘caso Koldo’ plantear un conflicto de competencias que resolverá el Tribunal Supremo.
