En las últimas décadas, Argentina fue desplegando un marco normativo y políticas públicas coherentes con el objetivo de reducir tanto los flujos de armas ilícitas como la violencia armada. Sin embargo, algunas torpezas administrativas visibilizan la necesidad de incorporar modelos de gestión más ágiles y transparentes.
Pero, más allá de ello, no puede negarse que las regulaciones sobre la tenencia y portación de armas de fuego y materiales peligrosos, así como los esfuerzos en la promoción del desarme a través de la entrega voluntaria de armas, han sido significativos.
Las regulaciones existentes reflejan la preocupación del Estado por limitar y someter a un estricto control público la cuestión de las armas debido a su potencialidad lesiva, y desde 2007 la promoción del desarme ha sido una Política de Estado, superando los vaivenes de la alternancia democrática, reinstalando el Programa de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego a través de sucesivas prórrogas legislativas.
Como datos de referencia, dejemos en claro que Argentina no tiene una cultura de tenencia o posesión de armas. Según Small Arms Surveys, nuestro país, con una tasa de 7,4 armas de fuego en manos de civiles cada 100.000 habitantes, está por debajo de la media de la región, al igual que con sus 4,2 homicidios cada 100.000 habitantes. Y sondeos realizados durante 2023 reflejan que el 77% de las personas encuestadas estaba en contra de la libre portación de armas de fuego (Zurban Córdoba y Asoc.).
Sin embargo, con el rumbo que viene dando al tratamiento de la cuestión “Armas de fuego”, el Gobierno asumido el 10 de diciembre pasado pone a la sociedad ante el riesgo de que las decisiones administrativas de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) y el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo deshagan años de esfuerzos dirigidos a disminuir el uso y proliferación de armas de fuego en la sociedad civil.
Sin entrar en consideraciones sobre lo que fueron los “discursos de campaña”, que podrían haber hecho suponer algunos escenarios, en concreto existen resoluciones de ANMaC y ya hay en el Congreso un proyecto de ley enviado por el PEN que dan cuenta del riesgo del que hablamos.
Respecto del proyecto de ley, ingresado el 16 de mayo pasado a la Cámara de Diputados, tiene dos objetivos. Por un lado, estimula la registración de armas en situación “irregular”, eximiendo de responsabilidad penal a los poseedores ilegales y habilitando la posibilidad de transferencias de esas armas a otros legítimos usuarios si el declarante no es reconocido como tal.
Esto podría abrir un nuevo mercado para lo que podrían ser alrededor de 1.700.000 armas no registradas (número de armas irregulares en el país, estimado en un reciente informe publicado por Small Arms Survey).
Por otro lado, prorroga el Programa de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, único punto realmente virtuoso del proyecto, ya que va dirigido hacia la reducción del circulante de armas de fuego en mercados ilegales y la disminución del uso y proliferación de armas de fuego en la sociedad civil. Justamente este punto hace más notoria la incongruencia de una pretensión de “regularización” como la mencionada en el párrafo anterior.
Enfocados en las resoluciones administrativas ya vigentes, la Resolución ANMaC N°20/2024, convierte en ilusorio el Control Ciudadano previsto en el sistema, que se operativizaba mediante la exigencia de publicación de todas las solicitudes de obtención de condición de legítimo usuario de armas de fuego.
Dicha resolución, al suspender la publicación de las solicitudes de tenencia y portación de usuarios civiles, elimina un mecanismo crucial para el control, que permitía a la sociedad conocer quiénes solicitaban permisos para portar armas y actuar como una medida de transparencia y supervisión. En combinación con el proyecto de ley, esta suspensión podría facilitar la regularización masiva de armas sin un adecuado escrutinio ciudadano, aumentando los riesgos de tráfico de armas y uso indebido de ellas.
Por su parte, la Resolución ANMaC N°67/2024 elimina el requisito del examen periódico de idoneidad para la renovación de licencias de tenencia y portación de armas. Esta medida, que también exime a los miembros de las fuerzas de seguridad de certificar su idoneidad, es profundamente preocupante. La acreditación de habilidades en el manejo de armas es esencial para asegurar que aquellos que poseen y utilizan armas de fuego lo pueden hacer de manera segura y responsable.
Sin estos controles periódicos, se incrementa el riesgo de accidentes y mal uso de armas, poniendo en peligro la seguridad pública. Consideramos el requisito de idoneidad, como esencial, no solo en civiles, sino sobre todo en la fuerza pública, ya que con la intervención del ANMaC la sociedad se garantizaba, incluso, una especie de doble conforme, que permitía incluso asegurar un examen externo para agentes que, por ley, tienen la posibilidad de usar armas de fuego.
Estas medidas, en su conjunto, sugieren una apertura extrema en la regulación de armas que contraviene la tradición argentina de control y desarme. Permitir la regularización y transferencia de armas no declaradas sin un adecuado control ciudadano y eliminando el requisito de acreditación de idoneidad periódica puede desestabilizar el delicado equilibrio de seguridad pública que se ha intentado mantener en todos estos años, socavando esfuerzos históricos por promover una sociedad más segura.
Es crucial que el gobierno argentino reconsidere estas políticas y busque formas más coherentes y seguras de abordar la problemática de las armas en el país, alineadas con su tradición de control estricto y promoción del desarme.
