Santander, 1 jul (EFECOM).- El Juzgado número 4 de Santander ha emitido una sentencia en la que condena a Global Steel Wire (GSW), del Grupo Celsa, a publicar en su página web y de manera individualizada las retribuciones anuales e indemnizaciones de los titulares de los órganos de administración o dirección de la empresa.
La sentencia, que puede ser recurrida en súplica, responde a una demanda presentada por USO por la negativa de la dirección de GSW a informar al sindicato de los salarios pormenorizados de sus directivos.
La petición del sindicato se produjo, explica USO en un comunicado, tras conocerse que la familia Rubiralta, días previos a perder el control del Grupo Celsa, había blindado a sus consejeros con unas “clausulas oro” con consecuencias millonarias en caso de ser despedidos.
Ante esto, USO pidió que la dirección de GSW informará sobre los salarios de los directivos de la planta cántabra ante una posible afectación en caso de aplicarse dichas cláusulas.
El sindicato recuerda que el blindaje “oro” del Grupo Celsa fue suspendido recientemente por un juzgado número 2 de lo Mercantil de Barcelona hasta 2025 para “garantizar” la continuidad de la compañía.
GSW si que había publicado en su web en 2022, en cumplimiento de ley de transparencia, el total de remuneraciones de los órganos de dirección y de administración del ejercicio anterior que ascendió a 2,1 millones de euros.
Sin embargo, al requerir USO la información individualizada se negó y rechazó realizar aclaración alguna a los representantes de los trabajadores en la empresa, explica la sentencia, facilitada por el sindicato.
Finalmente, la sentencia aplica la ley autonómica de transparencia de la actividad pública, que regula de una manera más precisa la transparencia en la compañía que la norma estatal, para obligar a GSW a publicar los sueldos individuales de sus directivos y la condena a indemnizar a USO con 6.250 euros por vulneración “grave” del derecho fundamental de información del sindicato.
Esto implica, aclara el sindicato, que en otras comunidades autónomas no sería posible conocer los salarios de los directivos de las compañías. EFECOM
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