Desde el ocho de abril, delegados de la Secretaria de Seguridad y Convivencia Ciudadana delimitaron con cintas y barreras la nueva zona en la que los vendedores ambulantes se debían ubicar, ya que estos habían sido reubicados con debido a la remodelación del parque principal La Libertad.
El espacio que se dispuso fue la transitada calle novena. Precisamente en esta nueva ubicación los comerciantes han sufrido inconvenientes con algunos conductores que se movilizan.
Esta calle era utilizada como una bahía ‘informal’ y de hecho, se aprecia la señalización de prohibido parquear justo debajo de los pequeños comercios de venta de minutos de celulares, recargas,confitería, mango y jugos naturales.
Lo único que separaba a cada uno de los comercios ambulantes con los vehículos que se movilizan era una cinta amarilla, la cual no ha podido evitar uno que otro accidente. Es por eso que la Asociación de Minuteros del parque de Piedecuesta, Asominparpie, decidió tomar la vía legal.
El objetivo era demostrar lo poco seguro del tramo que fue dispuesto. Mediante documentación, reuniones y evidencia fotográfica los vendedores expresaron que su rol era más cercano a un cono que evita el parqueo en el espacio público, que el de personas que realizan su trabajo.
Sin embargo, la propia Secretaría de Seguridad explicó que “la imposibilidad de ubicación de ellos dentro del parque es porque generan la obstaculización de la entrada a los almacenes y demás locales que se encuentran funcionando allí”.
También se informó que en este primer trimestre se han realizado dos comités de recuperación del espacio público, con el fin de estudiar esta problemática.
Postura que contrasta con la opinión de los comerciantes involucrados como Beatriz Carvajal, quien cuenta con 16 años de trabajo en la zona y manifestó que: “nadie nos comunicó el cambio de ubicación, entonces se lavaron las manos con cualquier accidente de tránsito que pueda pasar”.
Carvajal además dio a conocer que gran parte de los comerciantes que presentaron la tutela cuentan con condiciones de vulnerabilidad. Tal es el caso de Jenny Grimaldo Jaimes quien labora en la venta de recargas y es madre de una persona de 38 años con discapacidad psicológica. Otro de los comerciantes afectados es Willintong Quintero Leal, él padece la pérdida de la capacidad laboral en un 57% a causa de una limitación renal.
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