Caracas, 5 sep (EFE).- Venezuela registró en agosto la cifra más baja de conflictos laborales del año con 11 casos -siete menos que en julio- debido, según informó este jueves el Observatorio de Conflictividad Laboral y Gestión Sindical del Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin), a la “incertidumbre política generada tras las elecciones presidenciales del 28 de julio”.
Asimismo, la organización explicó, a través de un comunicado, que el mes pasado los trabajadores no pudieron llevar sus quejas a la calle en protestas, por el “amedrentamiento” del Gobierno, por lo que las quejas laborales se canalizaron “vía denuncia”.
El Inaesin detalló que los 11 conflictos se registraron en los sectores comunicaciones (2), salud (2), ministerios (2), petróleo, petroquímica y gas (2), educación (1), electricidad (1) e industria manufacturera (1).
Además, precisó que el 63,64 % de los reclamos estuvieron relacionados con despidos, mientras que el 18,18 % se produjeron por incumplimiento de los convenios colectivos y el 9,09 % corresponde a denuncias por acoso laboral, mismo porcentaje que las demandas por mejores salarios.
El 90 % de las denuncias -aclaró la fuente- fueron presentadas por trabajadores del sector público y el 72,73 % recibieron acompañamiento sindical.
El observatorio señaló que “las instituciones públicas y privadas emprendieron una persecución política contra los empleados que no ocultaron su desacuerdo con los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE)”, aunque no especificó a qué entidades se refiere.
El pasado 20 de agosto, la Central de Trabajadores-Alianza Sindical de Venezuela exigió al Estado que garantice el cese de actos de “violencia, amenazas, persecución, intimidación” contra trabajadores y dirigentes sindicales, tras -dijo- haber recibido denuncias de despidos “sin justa causa” por expresar opiniones políticas.
La Central de Trabajadores, que tampoco brindó detalles sobre las empresas o instituciones de las que proceden los denunciantes, solicitó que se garantice la estabilidad laboral, “así como el derecho a tener una relación de trabajo libre de acoso y violencia”.
La organización dijo haber recibido denuncias sobre despidos “sin justa causa”, por expresar opiniones políticas, y jubilaciones de oficio, “sin procedimiento previo y sin derecho a la defensa”.
