El partido político Vox pedirá al juez instructor de la causa del ‘procés’, Pablo Llarena, que reactive la orden europea de detención y entrega (OEDE) contra el expresidente de Cataluña Carles Puigdemont después de conocer que el Tribunal Supremo rechazó el pasado lunes amnistiar la malversación tanto para él como para los condenados por el referéndum ilegal del 1-O.
Así lo confirman fuentes jurídicas a Europa Press, que añaden que previsiblemente esta petición de Vox –fue parte en el juicio del ‘procés’– dirigida a Llarena será enviada este jueves. Cabe recordar que Llarena, en un auto que también trascendió el pasado lunes, indicaba que mantenía la orden nacional de detención contra el expresident.
La decisión del juez sobre la inaplicabilidad de la ley de amnistía al delito de malversación que imputa al expresident, huido de la justicia y afincado en Bélgica desde 2017, le permitiría ahora sí activar la euroorden, habida cuenta que Puigdemont habría podido perder ya la inmunidad que tenía como europarlamentario.
Cabe recordar que el magistrado de la Sala de lo Penal del Supremo, decidió en julio de 2018 retirar las euroórdenes lanzadas contra Puigdemont y el resto de los huidos en aquel momento una vez que la Justicia alemana acordó, tras detener al expresident, su extradición pero solo por el delito de malversación de fondos públicos y no por el entonces vigente delito de sedición..
EL PERIPLO DE PUIGDEMONT
El Tribunal Regional de Schleswig-Holstein consideró que los actos que se le imputaban a Puigdemont no se correspondían en Alemania ni con el delito de rebelión ni con el de perturbación del orden público, así como tampoco con el delito de alta traición. El magistrado del Supremo rechazó entonces la entrega solo por malversación y argumentó que el tribunal alemán se anticipó a un enjuiciamiento.
Ya en octubre de 2019, el magistrado decidió reactivar la orden europea e internacional de detención contra Puigdemont después de que así se lo pidiera la Fiscalía y al entender que, tras publicarse la sentencia condenatoria del Supremo contra los líderes del ‘procés’ independentista, el peligro de que el expresidente reforzara su huida refugiándose en países que no formaran parte de la Unión Europea era mayor.
En marzo de 2021, el juez Llarena acudió al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que éste determinara las razones por las que se puede emitir y, sobre todo, rechazar una orden de detención y entrega europea (OEDE). Lo hacía después de que el Tribunal de Apelaciones de Bruselas decidiera no enviar al conseller Lluís Puig a España.
En septiembre de ese mismo año (2021), la OEDE que permanecía viva contra Puigdemont desde octubre de 2019 sirvió para que el expresident fuera detenido en Cerdeña nada más aterrizar. Si bien ese episodio fue infructuoso para el Supremo puesto que el expresidente fue puesto de nuevo en libertad.
En noviembre de 2021, el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) acordaba no devolver la inmunidad a Carles Puigdemont de manera cautelar tras la detención en Cerdeña pero avisaba de que el proceso penal contra él y las órdenes de detención y entrega permanecían en suspenso hasta que el TJUE respondiera a la cuestión prejudicial de Llarena.
Ya en enero de 2023, el TJUE daba la razón a Llarena al sentenciar que la Justicia belga no podía rechazar la entrega de los encausados por el ‘procés’ reclamados para ser juzgados en España, entre ellos Puigdemont, basándose en el riesgo de que se violen sus derechos fundamentales si no demuestra deficiencias sistémicas y generalizadas en España, ni puede poner en duda las competencias del Supremo como autoridad para emitir tales euroórdenes.
Pero ese mismo mes, Llarena había decidido dejar sin efecto las OEDEs contra el propio Puigdemont y contra otro consejero –Toni Comín– tras revisar el procesamiento a la luz de la reforma penal que eliminó la sedición y modificó la malversación.
En paralelo, ya en septiembre de 2023, Puigdemont presentó un recurso ante el TJUE contra la decisión de otra corte comunitaria, el TGUE, de retirarle su inmunidad como miembro de la Eurocámara para que el instructor del ‘procés’ pudiera proceder contra él por el 1-O.
Así las cosas, el juez, hasta ahora, ha mantenido en pausa cualquier intento de lanzar una nueva OEDE, a la espera de que se resolviera ese recurso por lo que mantuvo solo vigente al orden nacional de detención contra él.
Por otro lado, el instructor del ‘procés’ no puede activar una OEDE de oficio dado que debe ser alguna de las partes quien lo solicite. Así, si Vox presenta su petición este jueves, el magistrado podrá pronunciarse al respecto.
