Entre el 27 de mayo y el 8 de junio de 2020, mientras los colombianos se encontraban encerrados en sus hogares por la pandemia del Covid-19, un educador de una institución de Barichara, Santander, según la Fiscalía, no solo impartía sus clases de manera virtual sino por WhatsApp acosaba a una estudiante.
El educador tiene 63 años de edad y es profesor de dibujo técnico. La víctima fue una estudiante de décimo grado.
“Valiéndose o aprovechándose de la autoridad o poder que le confería ese cargo, a través de la aplicación WhatsApp de su teléfono celular, en desarrollo y con ocasión de actividades académicas propias de la asignatura, acosó, hostigó y accedió a través de mensajes, chats, palabras, frases, preguntas y otras actitudes insinuantes a su estudiante de 15 años de edad”, se cita en el fallo judicial.
En los mensajes, según las investigaciones, el docente le solicita a la menor que le enviara fotos íntimas, de diferentes partes de su cuerpo vistiendo pijama, pero que no le contara a la mamá ni a sus amigas.
En el proceso se conoció que la estudiante no accedió a las pretensiones, lo bloqueó de sus contactos y denunció el caso ante la Fiscalía.
Ante las pruebas recolectadas por la Fiscalía, el Juzgado Primero Penal del Circuito de San Gil le impuso una sentencia, en primera instancia, de 15 meses de prisión por el delito de acoso sexual contra una menor.
El Código de Infancia y Adolescencia establece que los delitos sexuales contra menores de edad no son excarcelables ni se puede otorgar beneficios como la detención domiciliaria ni libertad condicional. De confirmarse el fallo en segunda instancia, sería enviado a un centro de reclusión durante 15 meses.
La víctima aseguró que no solo ella sino más estudiantes habrían sido víctimas durante la pandemia del año 2020 y en otras épocas.
“Las demás menores se abstuvieron de denunciar por temor, por su condición socioeconómica y porque el educador era una persona muy reconocida de un instituto de Barichara. Los mensajes insinuantes y persistentes del profesor se dieron fuera del horario académico, especialmente en las noches.”, señaló un familiar de la menor.
El educador condenado en primera instancia le aseguró al medio de comunicación Ecolecuá, que lo contactó, que del proceso se encarga su abogado, pero se ha declarado inocente y está a la espera que se resuelva la apelación de la sentencia ante el Tribunal Superior de San Gil.
Por tal motivo, aún no se hace efectiva su privación de la libertad hasta tanto la condena quede en firme.
También en el fallo se inhabilitó al educador a ejercer derechos, funciones públicas, desempeño de cargos, oficios o profesiones que involucren relación con menores de edad por un periodo igual a la pena principal.
Por tratarse de un caso que involucra a una menor de edad, Vanguardia se abstiene de publicar la identidad del procesado.
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