El pasado 31 de julio se venció el contrato de la Variante de San Gil y aún no hay precisión sobre qué va a suceder con el proyecto. Aunque en la reunión sostenida durante el paro realizado la semana anterior en el peaje de Curití, el representante del Instituto Nacional de Vías, Invías, le expresó a los manifestantes que el contrato sufriría una nueva extensión, al parecer de un mes, la incertidumbre sobre el tema es total.
Y es que son varias las preguntas sin respuestas que rondan y que se espera sean resueltas por la entidad nacional, responsable de la contratación y al final, la ejecución de este. ¿Hay un adicional de recursos? ¿Cuál es o será el alcance del actual proyecto? ¿Hay plata para la continuidad de la inversión?
El silencio del Invías es tan profundo que ni siquiera la veeduría de la Cámara de Comercio de Bucaramanga y la misma entidad han logrado confirmar si hay una extensión del contrato. Orlando Enrique Pedroza, director de infraestructura de la entidad cameral, confirmó que se radicó una carta ante el instituto manifestando la preocupación por la realidad del proyecto y la falta de garantías sobre su continuidad.
Mientras se conocen las respuestas, lo cierto del caso es que el panorama no es el mas alentador. Edgar Orlando Pinzón, primera autoridad de los sangileños, expresó que, en la reunión sostenida en los últimos días con la ministra de Transporte, María Constanza García Alicastro, le aseguró que el Gobierno Nacional tenía toda la disposición y voluntad de terminar la Variante de San Gil, entendiendo esto casi como una deuda del Estado con el territorio.
El pero, en este caso, es el dinero, porque también se le informó que el problema eran los recursos en medio del recorte del presupuesto nacional. “Nos dijo que del presupuesto de $4,2 billones que tienen para el año se bajan a un poco más de $3 billones”, aseguró el mandatario, sobre la conversación con García, por lo que no hay seguridad sobre cuándo llegarían más recursos.
A la espera de que la bancada parlamentaria de Santander se una por esta causa, una petición que hasta ahora parece no tener mucho eco, lo único claro es que para la culminación del proyecto se necesitarían $120.000 millones aproximadamente, recursos que nadie sabe de dónde saldrán y que solo se lograrían escudriñando y suplicando en las entidades nacionales.
Desde los gremios se piden la unión de los diferentes sectores sociales y económicos. Edgar Orlando Lesmez, expresó que se debe hacer una reunión en San Gil para hablar del tema, de las inversiones en las variantes y todas las vías de las provincias del sur de Santander.
En la Gobernación de Santander, Juvenal Díaz Granados, primera autoridad del departamento, ha destacado dos alternativas. La primera es la aplicación del impuesto de valorización y, la segunda, que dio a conocer tras la reunión sostenida con la ministra a finales de julio, es que la obra se pague con los recursos de los peajes.
El próximo 16 de agosto se tiene prevista una reunión con el instituto nacional, las autoridades de los municipios afectados por la provincia, las comunidades y entidades como la Contraloría General de la Nación, que ya le tienen el ojo puesto al proyecto por todo lo que ha sucedido en los últimos años, que en su haber tiene sanciones al contratista, retrasos, problemas con la compra predial y hasta solicitud de rediseños.
Con un presupuesto superior a los $180.000 millones para la construcción de 9,6 kilómetros de la Variante de San Gil, incluyendo un puente y un viaducto, a punto de terminar la ejecución de los recursos solo se intervinieron 4,5 kilómetros de recorrido, con un incremento en el tiempo de ejecución del 32 %, pasando de 53 meses a 70 meses.
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