Díaz Julio, quien era integrante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), perpetró los crímenes en el municipio sucreño de San Onofre. Según las investigaciones, el acusado sacó por la fuerza a la víctima de su residencia ubicada en el barrio Palito, y la llevó hasta una finca que servía como centro de operaciones del grupo al margen de la ley.
En este lugar, la mujer fue sometida a tratos inhumanos y agresiones sexuales que dejaron una marca imborrable en su vida. Las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades judiciales confirmaron que la brutalidad de estos actos fue desencadenada por el supuesto incumplimiento de una orden emitida por la organización criminal.
Además de la condena de prisión, el juez ordenó a Díaz Julio el pago de una multa equivalente a 16.382 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) para el año 2003, y lo inhabilitó para ejercer derechos y funciones públicas por un periodo de 20 años.
Esta sanción económica busca no solo penalizar al condenado, sino también sentar un precedente en la responsabilidad civil derivada de los delitos cometidos durante el conflicto armado.
El juez también libró una orden de captura contra alias “El Caco”, quien deberá cumplir su pena en el establecimiento de reclusión que determine el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). La decisión judicial representa un paso significativo en la búsqueda de justicia para las víctimas de la violencia paramilitar en Colombia y garantizar que los responsables de crímenes de lesa humanidad rindan cuentas ante la ley.
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