Un apartamento, un carro, pasajes aéreos gratis y un salario equivalente a ocho millones de pesos mensuales. Esa es la oferta que los carteles narcotraficantes de México pusieron a circular entre los exmilitares y expolicías de Colombia que tienen experiencia en combate antiterrorista y cursos de Fuerzas Especiales, con el propósito de reclutarlos para sus guerras mafiosas en el extranjero.
“El ofrecimiento me llegó de parte del cartel de Jalisco. Un militar retirado del Ejército colombiano me contactó por redes sociales, dijo que alguien me había recomendado por mi experiencia. Al principio me dijo que si me interesaba un trabajo como escolta en el exterior, ya luego conversando me contó de verdad para qué era”, narró un suboficial (r) que solicitó la reserva de identidad.
La información fue confirmada por otros exmiembros de la Fuerza Pública y agentes de Inteligencia, con los que dialogó este medio para descifrar el oscuro negocio de los mercenarios contratados por los narcos mexicanos.
“Le pregunté para qué buscaba colombianos, si allá ya tenían gente que sabía pelear, y me contestó que nosotros somos los mejores en esa clase de conflictos. Al final le dije que no, se sabe que si uno se va para allá, ya no puede salir. Así le pasó a un conocido, que trató de salirse y lo mataron”, reveló el suboficial (r).
Las ofertas provienen de los carteles de Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, y aunque no se trata de un fenómeno nuevo, las agencias de seguridad han notado un incremento desde 2023.
“Creemos que se debe a dos cosas: hay una guerra fuerte entre esos dos grupos, que se intensificó a raíz de divisiones internas en cada uno, y están tratando de contratar refuerzos con experiencia; y segundo, hay más exmilitares y expolicías buscando trabajo fuera del país, porque renunciaron o los echaron debido a la llegada del nuevo gobierno del presidente Petro”, explicó un investigador.
Nombre clave: “los Parces”
Uno de los auspiciadores del negocio, al parecer, es Jesús Esteban Machado Meza, alias “el Güero Pulseras”, el jefe regional del cartel de Sinaloa en el Estado de Chiapas.
“Ese tipo reclutó el año pasado a un montón de antiguos lanceros del Ejército (expertos en contraguerrilla), para una operación de retoma de la frontera de Chiapas con Guatemala, que en ese momento era dominada por la gente de Jalisco”, detalló otro exmilitar.
Y añadió: “La población estaba cansada de los abusos del cartel de Jalisco, porque ellos habían reclutado puros integrantes de las pandillas Maras que huyeron de la presión del gobierno de Nayib Bukele en El Salvador, y allá en Chiapas estaban extorsionando y violando mujeres. Los colombianos liberaron esa zona, aunque fuera para entregársela a otro cartel”.
Esa acción probó la reputación de los mercenarios de nuestro país y varios cabecillas de Sinaloa reunieron dinero a principios de 2024 para formar sus propios escuadrones. Uno de esos grupos es conocido como “los Parces” y está al servicio de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo del extraditado capo Joaquín “el Chapo” Guzmán y jefe de una subestructura del cartel de Sinaloa llamada “los Chapitos”.
Según un informe del portal noticioso Illicit Investigations, que se especializa en la cobertura de temas de crimen organizado de México, en “los Parces” no solo hay exmiembros de la Fuerza Pública colombiana, sino también desertores de la organización criminal Clan del Golfo. Su función es la custodia de bodegas y laboratorios de droga, así como su transporte seguro, sobre todo en los estados de Puebla y Yucatán.
El medio de comunicación precisó que sus comandantes son tres hombres apodados “el 24”, “el 22” y “el 11”.
Los engañados
Los exmilitares y expolicías que fungen como reclutadores ganan una comisión especial por cada colega que envían a México. Es por eso que, cuando no logran convencerlos con la verdad, los engañan para que viajen y, una vez allá, los amenazan de muerte para que le trabajen a los carteles.
Fuentes de la Fiscalía señalaron que en despachos de Bogotá y Medellín hay expedientes activos por casos de desaparición forzada y trata de personas con fines de explotación laboral, en los cuales las víctimas son exmiembros de la Fuerza Pública que viajaron a México.
“Los contactan para que supuestamente trabajen en ese país prestando vigilancia en granjas de cítricos o de aguacate, con un salario de siete u ocho millones de pesos. Les dicen que la idea es proteger esos cultivos de los extorsionistas y los ladrones, y muchos de ellos viajan ilusionados. Cuando llegan a Ciudad de México, los recogen y distribuyen en diferentes zonas controladas por los carteles. Varios dejaron de tener contacto con la familia, que se desesperó y los reportó como desaparecidos aquí en Colombia”, indicó un investigador judicial.
Explicó que “esas investigaciones son muy difíciles, porque la familia tiene poca información y los trámites hay que hacerlos con el gobierno mexicano, para que ellos averigüen allá, y hay sectores en los que ni siquiera el Estado puede ingresar porque son dominados por los carteles de narcotráfico”.
Uno de los casos más conocidos es el del sargento (r) Andrés Cáceres Arciniegas. Su esposa denunció en la Fiscalía que viajó al Estado de Michoacán el pasado 12 de marzo, convencido por un excompañero del Ejército que le prometió trabajo en una plantación de limones; sin embargo, al llegar se percató de que se trataba de asuntos ilegales.
Escapó de sus captores y huyó por el monte varios días, hasta que fue socorrido por las autoridades. La Cancillería de Colombia informó el siguiente 25 de marzo que “gracias a la coordinación del Consulado, el sargento Cáceres fue rescatado en un trabajo conjunto de la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos y Migración México. Recibió atención médica y fue diagnosticado con un cuadro de deshidratación”.
Según el investigador judicial, “sabemos que hay más víctimas, pero no han logrado contactar a sus familias, que creen que todavía están trabajando legalmente”.
Empresas de seguridad
Existe otra manera de reclutamiento más sutil que se comenta “como un secreto a gritos” en el gremio de los uniformados retirados: las empresas transnacionales de seguridad.
En México, Honduras y otros países de Centroamérica hay compañías legalmente constituidas por oficiales colombianos pensionados, que ofrecen cursos de formación de escoltas, capacitación en antiterrorismo, tácticas de combate urbano y rural, patrullaje de instalaciones, creación de burbujas de inteligencia y centros de monitoreo.
Asesoran tanto a entidades gubernamentales como a “particulares”, y en este último punto “es donde se enreda la cosa, porque terminan entrenando gente para los carteles”, contó una de las fuentes.
Estos empresarios generan una idealización del trabajo en México para sus excompañeros colombianos, porque se muestran en redes sociales como personas exitosas y con estabilidad económica, lo que sirve para convencer más fácil a los futuros reclutas.
El perfil que buscan esas compañías son expolicías de los Comandos Jungla de Antinarcóticos y de los Comandos de Operaciones Especiales (Copes); y exmilitares del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (Ccoes), Fuerzas de Despliegue Rápido (Fudra) y Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas (Afeur) del Ejército.
Los convocan para trabajar como instructores de los cursos, pero allá son contactados por los narcos para formar a los sicarios y perfeccionar sus esquemas de seguridad. Algunos son presionados a “chambear” y otros aceptan la oferta voluntariamente, desafiando al destino y a la muerte.
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