Por la presunta emisión de documentos falsos a integrantes de las estructuras del Ejército de Liberación Nacional (Eln) en el oriente del país, durante su gestión como registrador municipal en Cubará, Boyacá, fue judicializado Miguel Ángel Pinto Quintero.
De acuerdo con las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, el exfuncionario habría expedido de forma irregular documentos como actas de defunción, registros civiles de nacimiento y cédulas de ciudadanía.
La fiscal encargada del caso, adscrita a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, imputó a Pinto Quintero los delitos de falsedad ideológica en documento público y supresión, alteración o suposición del estado civil. Durante la audiencia, el exregistrador no aceptó los cargos presentados en su contra.
Las pruebas recolectadas por la Fiscalía sugieren que entre 2007 y 2018, el entonces registrador habría utilizado su cargo para emitir documentos oficiales que permitieron a varios cabecillas y miembros del frente de guerra oriental del ELN eludir la acción de las autoridades.
Estos documentos habrían sido empleados para ocultar identidades o, incluso, para que los miembros de este grupo armado ilegal se hicieran pasar como fallecidos, con el fin de evitar órdenes de captura y procesos judiciales en su contra.
Según la Fiscalía, esta documentación falsificada facilitaba el movimiento de los integrantes del ELN en zonas donde su presencia es activa, y contribuía a su estrategia de evasión y ocultamiento ante las fuerzas de seguridad del Estado. Con estos documentos, los miembros del ELN lograban esquivar controles en retenes y procedimientos policiales, dificultando su identificación por parte de las autoridades.
El juez de control de garantías a cargo del caso dispuso que Pinto Quintero continuará vinculado a la investigación, lo que indica que las pesquisas seguirán en curso mientras se recaba más evidencia y se busca esclarecer el alcance de sus presuntas acciones dentro de la Registraduría en Cubará.
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