El PNV y el PSE-EE se fijan como “prioridad de país”, en el preacuerdo programático cerrado este lunes para constituir un Gobierno Vasco de coalición, garantizar una sanidad pública, universal, dimensionada y “de máxima calidad en Euskadi, convirtiendo el sistema de salud público vasco en una referencia europea”.
Las “Bases para el Acuerdo para avanzar en bienestar, progreso, autogobierno y la transformación de una Euskadi global”, incluyen, en su primer punto, denominado ‘Las personas en el centro’, otras prioridades “de país” para ambos partidos, entre ellas, “avanzar en unas políticas sociales transversales, interseccionales con una perspectiva integral y coordinadas para no dejar a nadie atrás, y consensuar un Pacto de País por los cuidados para impulsar el nuevo Modelo de Cuidados”.
En materia de Vivienda, se busca impulsar las iniciativas necesarias para mejorar el acceso a la vivienda, especialmente entre la juventud, mientras en Educación, se garantizará la igualdad y cohesión, estableciendo la escuela pública como referente que garantice el acceso universal a la Educación, y desarrollando la Ley de Educación, que responde al Pacto educativo alcanzado en abril de 2022.
En el ámbito de Seguridad, la prioridad es asentar este pilar “fundamental para el bienestar, la estabilidad y el progreso” de la sociedad vasca”, mientras en Euskera el objetivo es: “edonon, edonoiz (en cualquier sitio, en cualquier momento)”, favoreciendo el aumento de su uso “en todos los ámbitos de la vida”.
Respecto al ámbito cultural, ambas formaciones acuerdas apoyar a las personas creadoras, artistas y profesionales de la cultura, para impulsar la creación y la producción cultural en Euskadi, mientras en Juventud “se dará respaldo a las personas jóvenes para que puedan iniciar un nuevo proyecto vital cuando así lo estimen oportuno y favorecer su emancipación”.
Por último, para el Reto demográfico, se llevará a cabo el desarrollo efectivo de la Estrategia Vasca 2030 para el Reto Demográfico.
SERVICIOS PÚBLICOS DE VANGUARDIA
Tanto jeltzales como socialistas vascos entienden que el desarrollo y la cohesión social, el fortalecimiento de la autonomía y la vida independiente y plena de las personas, deben garantizarse desde el “liderazgo de las instituciones vascas a través de unos servicios públicos de vanguardia”. “Son aspiraciones que solo cabe alcanzar desde el cumplimiento real y efectivo de los derechos sociales y a través de la cooperación entre sectores, con prevalencia de la iniciativa social”, afirman.
Por ello, comparten que, para garantizar el bienestar futuro de las personas, “es necesario hacer frente a los nuevos retos desde el trabajo compartido y esfuerzo colectivo, estrechando la cooperación e impulsando la innovación en el ámbito de los servicios y políticas sociales”.
“Nuestra apuesta es una nueva agenda del bienestar que, poniendo a las personas en el centro de las políticas públicas y haciendo frente al triple reto sociodemográfico, energético-ecológico y tecnológico-digital, permita seguir mejorando ámbitos como la salud, la educación, el empleo, la vivienda, la nueva economía y los servicios sociales”, aseguran en su preacuerdo, para precisar que para todo ello se aplicará la “corresponsabilidad intergeneracional, garantizando la sostenibilidad económica del modelo de bienestar y garantizando una administración cercana, sencilla y eficiente”.
Dentro de este primer eje del preacuerdo, los objetivos son: garantizar la igualdad de oportunidades y resultados para todas las personas; reducir las desigualdades en nivel de bienestar existentes en la sociedad; impulsar un nuevo Modelo de Cuidados; analizar medidas de conciliación que permitan a las personas desarrollar plenamente su vida personal, familiar y laboral; aumentar las tasas de emancipación de la juventud y reducir la edad media de la misma; así como desarrollar la perspectiva intergeneracional y la cohesión entre generaciones, buscando un mejor equilibrio de la riqueza entre generaciones.
Otros fines son: fomentar el desarrollo de las personas y comunitario para garantizar un nivel global de calidad de vida y prestación de servicios públicos en parámetros de excelencia; garantizar que todas las personas tengan acceso a los recursos y servicios necesarios para una vida digna; promover la inclusión y respeto de todas las personas, independientemente de su origen, género, orientación sexual, discapacidad, edad o cualquier otra característica; y establecer la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres como eje estratégico y transversal en todas las políticas públicas.
