El Gobierno ha asegurado este martes que el barómetro de Justicia realizado por la Comisión Europea sobre los Estados miembros “muestra que” desde el Ejecutivo “y la mayoría parlamentaria se cumplen los máximos estándares de respeto a la independencia judicial, pero, desgraciadamente, estos esfuerzos se ven empañados por el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)”.
Así lo indican fuentes del Gobierno, que recuerdan que existe en la actualidad una negociación abierta con la mediación de la Comisión Europea que se debe retomar de forma inmediata para poner “fin al desprestigio y la degradación” del órgano de gobierno de los jueces y que “está afectando a todo el Servicio Público de Justicia”.
Las citadas fuentes lamentan que “las notas positivas” de algunos apartados “se ven empañadas por el persistente deterioro y desprestigio de la imagen de la Justicia debido al bloqueo en la renovación del máximo órgano del Poder Judicial desde hace más de 5 años”.
El 50% de los españoles dicen tener una impresión “mala” o “muy mala” de la independencia del sistema judicial de su país, lo que les sitúa en el sexto puesto por la cola en el ranking de los 27 países de la Unión Europea, de acuerdo al último eurobarómetro publicado este martes por la Comisión Europea.
Sólo los encuestados en Croacia, Bulgaria, Polonia, Eslovenia e Italia expresan una peor opinión media respecto de la independencia de la judicatura en su Estado miembro. Cuando se pregunta a los europeos por su percepción de la independencia de jueces y tribunales en el país de la UE en el que residen, hay un 52% que asegura tener una opinión “buena” o muy buena. En el caso de España, sólo el 30% pone una “buena” nota a la independencia judicial y apenas un 7% “muy buena.
“España es uno de los seis países en los que menos confianza pública existe en la independencia judicial y, entre las razones que destacan los ciudadanos encuestados, destaca claramente la existencia de ‘presiones políticas’, algo que solo puede deberse al bloqueo continuo del órgano por parte de la oposición ya que, por otro lado, la insuficiencia de garantías legales e institucionales para los jueces, que sí dependen tanto del Gobierno como de la mayoría parlamentaria, ocupa el último lugar en las razones de esta desconfianza”, apuntan.
El estudio muestra, según el Gobierno, que existen diversos modelos de consejos del Poder Judicial en los países europeos e incluso hay lugares donde no existe este órgano y que su configuración no afecta de por sí a la independencia judicial.
En algunos países, destacan las fuentes, el nombramiento de los miembros de estos consejos depende directamente de los gobiernos y en otros depende de los ejecutivos el nombramiento de los principales jueces y magistrados. “Este estudio muestra que en España, al contrario que en otros Estados, el Gobierno no interviene en estos nombramientos, lo cual afecta positivamente a la independencia”, añaden.
MEDIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN
Además, en el plano institucional y legislativo, destaca según el Ejecutivo que España lidera las garantías anticorrupción en el Poder Judicial. “Nuestro país pertenece al grupo de 7 países que cumple con todas las medidas materiales contra la corrupción y al de los 12 países que obtiene la máxima puntuación en materia de transparencia, verificación y sanciones”, aseguran las fuentes.
A su juicio, los resultados afianzan el impacto positivo que está teniendo el programa de reformas y modernización puesto en marcha por el Gobierno de España. “El índice es claro: España lidera, sin lugar a dudas, los ránkings en digitalización y en la prestación de un servicio público de calidad para la ciudadanía”, continúan.
Y es que, explican, solo España y tres países más (Alemania, Letonia y Holanda) obtienen la máxima puntuación en cuanto a la disponibilidad de información en línea sobre el sistema judicial para el público general (uso de chatbots para atender a ciudadanos, páginas traducidas a varios idiomas, información visible y adaptada al público), lo que refuerza el sistema judicial y lo hace más accesible, eficiente, resiliente y capaz de adaptarse a los retos futuros.
Por último, fuentes del Gobierno indican que España también destaca en el uso de aplicaciones de IA en actuaciones esenciales en juzgados y tribunales (por ejemplo, en labores de anonimización de documentos, lo que supone un ingente ahorro de trabajo), la disponibilidad de sistemas seguros de comunicación electrónica entre los tribunales y la fiscalía con todos los operadores jurídicos y la publicación de sentencias online.
