El Ministerio de Educación informó este martes que un incendio en la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Condorcanqui (Amazonas) destruyó expedientes correspondientes a procesos administrativos disciplinarios sobre denuncias de agresiones sexuales contra estudiantes awajún, algunos de los cuales contrajeron el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).
Según el comunicado oficial, entre 2010 y 2024 se presentaron denuncias contra docentes contratados y nombrados por estos abusos. De los denunciados, 112 fueron retirados y 4 cesados temporalmente. “Sin embargo, en junio de 2020, la UGEL sufrió un incendio que provocó la pérdida de expedientes, que correspondían a […] demás denuncias”, señaló el portafolio.
La cartera, presidida por el ministro Morgan Quero, refirió además que una comisión especializada viajó el 28 de mayo a Condorcanqui después de que La República hiciera público un informe remitido a la UGEL de esta localidad por la presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, Rosemary Pioc Tena.
Según ese documento, en los últimos 14 años, se registraron 524 casos de violencia sexual cometidos por docentes contra escolares en los distritos de Cenepa, Nieva, Santiago, Imaza, Datem y Nauta. El mayor porcentaje de agresiones ocurrió en colegios con residencia estudiantil, con evidencias de contagio de VIH en menores en Cenepa y Nieva.
Según un reportaje de Salud con Lupa, Condorcanqui es la provincia que cuenta con la mayor población indígena amazónica por número de habitantes de todo el país y es una localidad de especial interés para el Ministerio de Salud, pues su población awajún, el segundo pueblo indígena más numeroso de la Amazonía peruana, presenta una prevalencia de VIH (porcentaje de personas con el virus) elevada.
Mientras que la prevalencia nacional es de 0,3%, en este grupo es de 1,8%. Condorcanqui también se encuentra entre las siete provincias más pobres del país según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Entre 2019 y 2021, fallecieron 27 personas con VIH, aunque debido al subreporte de casos, se estima que los números son, en realidad, bastante más altos.
La información recogida por la asociación muestra que, de los 90 estudiantes evaluados en el colegio Ciro Alegría, ocho dieron positivo en las pruebas. Además, alertan que solo el 25% de los casos en esta provincia tienen acceso a antirretrovirales. Sin estos fármacos, la esperanza de vida tras el contagio es de hasta cinco años.
Según Pioc, el Ministerio de Educación ha hecho caso omiso a las denuncias y las ha calificado como una exageración, aunque hasta el cierre de esta nota, el portafolio no se pronunció al respecto.
“He recibido denuncias de docentes que, a cambio de toallas higiénicas, solicitan relaciones sexuales a las alumnas […] Desde su escritorio en Lima no va a encontrar casos porque muchos no conocen el sistema, allá no existe la luz ni internet. ¿Cómo van a hacer las denuncias? Si va al contexto, va a encontrar cantidad de casos”, cuestionó.
En respuesta, el ministerio indicó que ha enviado “ha destinado una nueva comisión de trabajo que, durante 30 días, trabaje en la zona para sostener un diálogo y acompañamiento permanente a las comunidades awajún, a fin de brindar el apoyo y la asistencia integral que requieren las víctimas”.
También convocó una comisión intersectorial con la participación de varios ministerios y la Defensoría del Pueblo para apoyar a las comunidades, trabajar con las sobrevivientes, y realizar un trabajo de prevención multisectorial en toda la provincia.
