María Pachón
Madrid, 26 sep (EFECOM).- La decisión del Gobierno de presentar la nueva senda de estabilidad tras los congresos de ERC y Junts para facilitar el acuerdo supondrá un importante retraso en el calendario presupuestario, que obligará a prorrogar de nuevo, al menos durante unos meses, las cuentas de 2023.
La senda de estabilidad, un paso previo a los presupuestos que incluye los objetivos de déficit y deuda, se tendría que haber votado este jueves en el Congreso, pero el Gobierno decidió retirarla de tramitación para evitar que la mayoría conformada por PP, Vox y Junts volviera a rechazarla, como ya hizo en julio.
El plazo para negociar un acuerdo se extenderá al menos dos meses, ya que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado que la nueva senda no se presentará hasta después de los congresos de Junts y ERC, este último previsto para finales de noviembre.
La senda de estabilidad es el paso previo a los presupuestos, tanto por normativa, porque el Gobierno no puede presentar las cuentas hasta que haya sometido a votación una segunda senda, como por contenido, ya que fija los objetivos de déficit, deuda y gasto a los que se tienen que adaptar las cuentas.
La senda retirada prevé un déficit del 2,5 % del PIB para 2025: 2,2 % para la administración central, 0,2 % para la Seguridad Social, 0,1 % del PIB para las comunidades autónomas y equilibrio para las corporaciones locales.
Todo apunta a que estas cifras variarán en la nueva propuesta del Gobierno, ya que Junts exige un mayor margen para las regiones, una petición de redistribución a la que se han sumado también ERC, Bildu, BNG y Sumar.
Una vez que el Consejo de Ministros apruebe los nuevos objetivos -de acuerdo al calendario apuntado por Sánchez, no antes de finales de noviembre-, estos pasarán por el Congreso y, si los aprueba, por el Senado.
Si la Cámara Alta los rechaza -algo probable ante la mayoría absoluta del PP-, la Cámara Baja podría retirar ese veto.
Si el Congreso rechaza la nueva senda, se mantendrán en vigor los objetivos vigentes, que prevén un déficit del 2,7 % del PIB en 2025: 2,8 % del PIB para la administración central y 0,1 % del PIB para la Seguridad Social, pero una décima de superávit para comunidades autónomas y ayuntamientos.
En ambos casos, el proceso de aprobación y trámite parlamentario de la nueva senda llevaría algunas semanas.
Una vez que el Gobierno cuente con unos objetivos de estabilidad -sean su nueva propuesta o la vigente-, estará en condiciones de presentar su proyecto de presupuestos para 2025, algo que difícilmente podría ocurrir antes de mediados de diciembre dado el retraso en la senda.
A partir de ese momento se iniciará la tramitación parlamentaria de los presupuestos, que tradicionalmente se extiende durante unos tres meses, pero que en alguna ocasión se ha reducido a poco más de dos meses acortando los plazos.
En cualquier caso, si los presupuestos se presentaran en diciembre, la tramitación no se cerraría, al menos, hasta finales de febrero o marzo, lo que haría necesario prorrogar las cuentas de 2023 hasta que estén en vigor las nuevas.
También se prorrogarían los presupuestos de 2023 si el Gobierno renuncia a presentar nuevas cuentas o si lo hace y estas son rechazadas.
Los presupuestos de cada ejercicio tienen que estar en vigor a 1 de enero de ese año y, si no lo están, automáticamente se prorrogan las cuentas del año anterior, aunque el Gobierno puede realizar ciertos ajustes en esa prórroga.
En ese caso, las cuentas que se prorrogarán serán las de 2023, ya que el Gobierno renunció a presentar presupuestos para 2024 ante la dificultad de sacarlos adelante en un contexto de convocatoria de elecciones en Cataluña. EFECOM
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