Madrid, 24 jul (EFE).- El Consejo Fiscal valoró el martes la salida en 2023 del exjuez Baltasar Garzón del patronato de la fundación de defensa de Derechos Humanos que lleva su nombre a la hora de avalar la propuesta de la exministra Dolores Delgado, casada con él, como nueva fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática.
El Tribunal Supremo anuló el pasado mes de mayo dicho nombramiento y ordenó al fiscal general dar marcha atrás para que el Consejo Fiscal valorase si existía causa de incompatibilidad en la elección de Delgado debido a la actividad profesional de su pareja.
Las dos asociaciones que impugnaron su nombramiento -la conservadora y mayoritaria Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales- consideraron que, antes de nombrar a Delgado, el Consejo debió estudiar si concurría incompatibilidad, algo que veían “evidente” cuando su pareja “ha promovido la Ley de Memoria Democrática y la creación de una fiscalía de sala competente en la materia”.
En cumplimiento de la sentencia del Supremo, el Consejo Fiscal se reunió ayer y rechazó que existiese dicha incompatibilidad, ratificando así la propuesta de nombrar a Delgado, aunque lo hizo con el silencio de los siete vocales de dichas asociaciones, que indicaron en su mayoría que no contaban con la documentación suficiente.
Entre esa documentación, según informan a EFE fuentes fiscales, figuraba el acta del 28 de julio de 2023 que oficializaba la salida de Baltasar Garzón del patronato de la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), de la que -subrayan- ya no tiene ninguna función y está desvinculado.
En un comunicado de la Fundación, que se dedica a “defender e impulsar los derechos humanos”, explica que es María Garzón quien la preside y está dirigida por Alessia Schiavon, y que el exjuez dejó de ser presidente del patronato en junio de 2023.
Además de la salida de Garzón de la Fundación, las fuentes precisan que el Consejo Fiscal valoró otros muchos motivos para descartar la incompatibilidad, como que la fiscal de Sala de Memoria Democrática no tiene actividad jurisdiccional en los tribunales.
La decisión del Consejo Fiscal fue apoyada por los dos vocales de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y los tres vocales natos, entre ellos el fiscal general. EFE
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