(Álex Zea – Europa Press/)
El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, ha acordado suspender las declaraciones de varios testigos previstas este domingo. Una decisión adoptada un día después de que la Fiscalía Europea le reclamase la parte principal de la causa. Fuentes jurídicas han informado a EFE de que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 ha decidido suspender las citaciones programadas para este domingo, en el que el juez está de guardia.
Sin embargo, según las fuentes, el juez por el momento no ha adoptado ninguna decisión sobre la declaración de Begoña Gómez como imputada por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios, fijada el próximo 5 de julio, pese a que el informe de la Guardia Civil descarta indicios de delito en los hechos investigados. Se suspenden, por tanto, la declaración de David Cierco, director general de la empresa pública Red.es hasta 2021; la de su sustituto, Alberto Martínez Lacambra, así como la de Luis Martín Bernardos, que fue presidente del grupo Barrabés, adjudicatario de varios contratos que se investigan.
A la espera de saber qué ocurre con la citación de Gómez, la Fiscalía Europea ya ha reclamado al juez la parte principal del caso, que afecta a las adjudicaciones de contratos públicos al empresario Juan Carlos Barrabés, al considerar que tiene competencia al poder estar comprometidos fondos europeos. En concreto, reclama la parte principal de la investigación que afecta al uso de fondos europeos en contratos públicos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés, director del máster de la cátedra de la Universidad Complutense que codirigía con Begoña Gómez. La Fiscalía Europea solicitó información al juez para comprobar si esos contratos estaban financiados con fondos europeos y ahora ha tomado la decisión de hacerse cargo de la investigación judicial que dirigía el juez Peinado, como ya hiciera hace meses con el caso Koldo que instruía la Audiencia Nacional.
El reglamento de la Fiscalía Europea establece que cuando ejerza su derecho de avocación sobre una causa, “las autoridades competentes de los Estados miembros le transferirán el expediente y se abstendrán de realizar nuevos actos de investigación en relación con el mismo delito”. No obstante, si el juez Peinado discrepa de la tesis de la Fiscalía Europea puede plantear una cuestión de competencia ante el Tribunal Supremo, que es el que decidirá quién se queda el caso.
* Con información de EFE
